En un contexto donde crece la tensión paritaria, el gobierno de María Eugenia Vidal oficializó este jueves una resolución fechada el último día hábil de 2017 y que establece el cese jubilatorio del personal docente que al 31 de diciembre del pasado año hubiera alcanzado los 60 años de edad y 30 años de servicios.
Esto recrudeció el malestar del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que durante los últimos dos meses venía denunciando esta situación que, advierten, atenta contra el derecho de los educadores a acceder a un mejor anticipo y haber jubilatorio, al tiempo que alertan sobre las excesivas demoras en la entrega del código jubilatorio –tardan años en algunos casos-, algo que deja al cesado sin obra social, sin aguinaldo y sin aumentos durante extensos períodos de tiempo hasta que finalmente accede a su jubilación.
Para efectuar estos ceses, la Provincia aludió a la resolución 204 de 2016, la cual había quedado suspendida tras la presentación de una cautelar de los gremios ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 de La Plata.
“La patronal de forma arbitraria te cesa pero no al porcentaje que deberías tener”, advirtió a Letra P la secretaria de Jubilaciones del Suteba, Marina Mapelli, quien el 25 de enero pasado realizó tres presentaciones al detectar intentos de ceses de oficio a docentes por parte de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), “con un cambio de carátulas en los expedientes de aquellos que habían iniciado una jubilación: las caratulas pasaban de cese ordinario a cese de oficio”.
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Asimismo, la dirigente del Suteba dio cuenta de la existencia de dobles expedientes y la elaboración de carátulas con ceses de oficio de docentes que no habían iniciado ningún trámite jubilatorio, por lo que consideró que se trata de “un cese compulsivo de 3000 docentes, cercenando sus derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determinará en un 60% del sueldo básico, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente, ni aguinaldo”.
Mapelli advirtió que, con esta medida, se coarta el derecho de los trabajadores de elegir el mejor cargo para jubilarse, sin poder tampoco acceder a un mejor porcentaje de anticipo a la espera de la jubilación: “Se quedan con el último cargo y congelado. Acá está el quid de la cuestión: mientras esperan que le entreguen el código jubilatorio, no tienen ningún tipo de aumento, recomposición, ni aguinaldo y se les cae el IOMA. Pueden esperar un año, dos, tres, y sabemos de situaciones de hasta 5 o 6 años”, resaltó para detallar el caso de una docente con cáncer que cesaron de oficio y aún no le llegó la jubilación por lo que no puede contar con la obra social.
“Este atropello atenta contra el carácter alimentario del salario y despoja al afiliado del IPS de su continuidad en IOMA, afectando gravemente la salud, la integridad física y psiquica de las personas que han optado por jubilarse como el derecho los asiste”, señala uno de los escritos que Mapelli envió por esta situación al director de Jubilaciones y Certificaciones de la DGCyE, Patricio Mc Inerny.
“No tienen ningún tipo de fundamento legal. Quieren ajustar”, apuntó la secretaria de Jubilaciones del Suteba para detallar que en febrero pasado el FUDB también hizo una presentación ante la cartera conducida por Gabriel Sánchez Zinny, exigiendo “que cesen con esta medida arbitraria y anticonstitucional”. Allí, se marcaba que se estaba disponiendo de los ceses "sin marco legal que respalde su actuar"
“Al día de hoy, 22 de marzo, no existe ninguna notificación fehaciente que dé lugar al acto administrativo que indique y motive estos ceses que denunciamos, prevenimos y anticipamos desde Enero. Hoy por primera vez se pública en el Boletín Oficial que se dará curso a dichas notificaciones fehacientes”, se marcó desde Suteba, donde esta mañana etiquetaron como "gravisimo" el hecho. En tanto, por estas horas los gremios que integran el FUDB preparan un nuevo documento en donde se insistirá en rechazar la medida y exigir su anulación.