Conte Grand inserta “víctimas masculinas” en informe de femicidio
El Ministerio Público bonaerense habla de una problemática que "afecta a hombres y mujeres". Omite el término femicidio en la reflexión final. Contrapunto con el secretario de DD.HH.
“Es importante aclararlo, porque he escuchado a muchas personas, en su mayoría hombres, aunque también a mujeres, decir que la mujer también puede producir violencia de género hacia los hombres, eso no es cierto, es falso, es una tremenda estupidez. Porque no existe la violencia de género al revés, porque justamente lo que se plantea es una discriminación histórica y estructural, que se da debido a la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, y eso no se puede aplicar cuando es la mujer la que agrede al hombre, en ese caso se trata de un hecho común de violencia”, remarcó en las últimas horas a Letra P el titular de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón.
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La profunda reflexión del ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, focalizada en la adecuada aplicación del término “violencia de género” – y despojándola de toda huella discursiva patriarcal-, lejos está de advertirse en el informe de femicidios 2017, difundido recientemente por la Procuración bonaerense a cargo de Julio Conte Grand, donde se dedican las primeras 15 páginas a desmenuzar los delitos denunciados el pasado año en los procesos penales de “violencia familiar y de género” y en donde se incluyen estadísticas de “víctimas masculinas”, profundizando con mayor diversidad de datos este aspecto ya incluido en los informes anteriores.
El documento no comienza destacando los 98 femicidios registrados en la provincia de Buenos Aires en 2017, sino que su capítulo primero se dedica, tal como se indica en la introducción al informe, a presentar “una diferenciación de las víctimas según su sexo, a fin de visualizar cómo esta problemática afecta a hombres y mujeres, niños y niñas, procurando un estudio pormenorizado y específico de la violencia familiar y de género (sic)”.
“En los 114.118 Procesos Penales obrantes en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (ReViFaG), se cargaron 89.724 víctimas, de las cuales 66.639 son mujeres y 22.811 hombres”, marca un pasaje del informe.
Una vez realizado este repaso, un segundo capítulo –por ende, no el central- se aboca a analizar los procesos penales de femicidios. Allí, se detalla que en el año 2017 en la Provincia de Buenos Aires, se iniciaron un total de 92 Procesos Penales por Femicidio, algunos de ellos con multiplicidad de víctimas, por lo que el total asciende a 98 víctimas fallecidas.
Lo más llamativo del “Informe de Femicidios 2017” es que en su reflexión final omite el término femicidio, en tanto que se pondera la disponibilidad de estadísticas precisas como algo esencial “para definir las múltiples facetas de los delitos vinculados a la violencia de género en sus diferentes manifestaciones, así como sus causas y consecuencias (sic)”.
En línea con el perfil del informe, éste se cierra considerando la violencia de género como “una conflictividad social de gran relevancia”, pero sin considerar a la mujer como su víctima exclusiva, sino que sólo se delimita en marcar que “afecta en su mayoría a las mujeres (sic)”.
En el último informe sobre el tema publicado por la Procuración a cargo de María del Carmen Falbo (2015), también se incluyó a “víctimas masculinas” en las estadísticas de casos de “violencia familiar o de género”, aunque en la reflexión final se hizo mención a los femicidios y se focalizó: “La violencia contra la mujer no admite dilaciones ni compartimientos estancos, es urgente remover los obstáculos que impiden el pleno acceso a la justicia de las víctimas, así como profundizar la aplicación de políticas y prácticas para la contención y atención de las mismas, resolviendo con celeridad cada uno de los casos”.
Sin embargo, con Julio Conte Grand al mando, el informe de femicidios tomó un carril discursivo que se corre del propio título del documento para pararlo en una problemática que “afecta a hombres y mujeres”. Cabe recordar que Conte Grand, en tiempos de secretario de Legal y Técnica del gobierno de Vidal, fue uno de los funcionarios que opuso mayor resistencia a la resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Zulma Ortíz, referida a la adhesión de la Provincia al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE).
En lo que representó un tema que disparó una áspera interna en el gabinete vidalista, la misma se evidenció cuando la resolución en cuestión fue publicada en el Boletín Oficial y, debajo de la misma, otra resolución que la anulaba. Este episodio fue el principio del fin para la única mujer que estaba al frente de un ministerio en la administración Vidal.
