Terminó la espera para la burocracia política del Gabinete Nacional. Este lunes el presidente Mauricio Macri oficializó el nuevo organigrama del Ejecutivo, sin tocar la ley de Ministerios, pero con una redefinición del volumen de secretarías, subsecretarías y coordinaciones generales, sin reducir la cantidad de 21 carteras que componen al Gobierno de Cambiemos. Según el decreto 174/2018, rubricado por Macri el viernes, pero publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Casa Rosada resignó 974 puestos políticos, es decir, un 25% de los 3.500 cargos que integran el staff de funcionarios del Ejecutivo, pero 500 menos de los 1500 que había anunciado oficialmente el Gobierno.
De acuerdo al detalle oficial, la estructura de los 21 ministerios se mantiene, pero todos juntos tendrán 95 secretarías, 127 subsecretarías, 21 unidades de coordinación general. De acuerdo a los anexos que forman parte del decreto, cada cartera no podrá tener más de 5 líneas jerárquicas, cuando muchos cuentan con una decena de secretarías y subsecretarías.
La firma del decreto terminó de oficializar una cuenta regresiva que se vive dentro de cada ministerio desde el año pasado, cuando el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra comenzó a diseñar el mapa de achicamiento, bajo la coordinación de los dos vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El 29 de enero, cuando regresó de su primer viaje del año al exterior, Macri anunció la reducción en el Salón Blanco, junto con la ausencia de aumentos para los cargos políticos en 2018 y la firma de un decreto para que "ningún ministro del Gobierno Nacional pueda tener familiares", algo que sólo quedó en la partida de una decena de vinculos, dentro de crecientes acusaciones de nepotismo.
La cartera de Ibarra preparó el anuncio del recorte desde diciembre, pero el achicamiento fue administrado a cuenta gotas. “La medida es muy importante para el público y los medios, pero tiene costos políticos ara nosotros: estamos resignando a profesionales que forman parte de nuestra gestión, a otros les bajamos el escalafón. En ambos casos los resignamos por austeridad, pero perdemos gente valiosa en los casos que se van, y no podemos comunicar el achicamiento como si estuviéramos sacando gente que está de sobra porque no es así”, se defendió una fuente de la Casa Rosada, ante las consultas de Letra P.
COSTOS POLÍTICOS. Luego de su publicación, la parte del decreto que más intrigas desató en cada repartición son los 24 apartados que acompañan el decreto. El nuevo organigrama establece las áreas que quedarán de ahora en adelante: una señal de largada para los funcionarios que no encontraron su cargo en la nueva “raviolera”, como le dicen dentro de la Casa Rosada, al organigrama que está compuesto por casilleros que dentro de la administración pública nacional llaman “raviol”.
“Hay gente que se va, pero también hay gente que se quedará con un cargo menor porque ese raviol no existe”, detallaron desde la cartera de Modernización, donde no aportaron el detalle por ministerio de la reducción de cargos, aunque destacaron que las dos reparticiones que más cargos redujeron son el ministerio de Ibarra, encargado de aplicar la poda, y la jefatura de Gabinete, el área donde se decidió qué sectores podar. Según la fuente, las dos carteras perdieron el 38% de sus puestos jerárquicos, pero aún no detallaron los movimientos: ni las partidas, ni las degradaciones de cargos, dos puntos que en todas las reparticiones consultadas manejan con cautela, por los mismos costos políticos internos que reconocen en Balcarce 50.
PRIMEROS CONTORNOS DEL CORSET. De acuerdo a los detalles aportados por el Gobierno, la jefatura de Gabinete anuló 9 subsecretarias, la secretaría General de la Presidencia resignó la subsecretaría que ocupada el renunciante Valentín Díaz Gilligan, denunciado por haber ocultado una cuenta por 1,2 millones de dólares en Andorra. También degradaron al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, que ahora depende de Fernando de Andreis, mientras que el ministerio del Interior anularon las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano y la de Desarrollo Urbano y Vivienda, que dependían de la secretaría de Habitat. En el caso de Asuntos Políticos, fueron anuladas las subsecretarías de Asuntos Electorales, Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y Asuntos Políticos. La secretaría de Obras Públicas no existirá más y sus funciones quedarán en manos de las secretarías de Infraestructura y Política Hídrica, y la nueva de Planificación territorial y Coordinación de Obra Pública, que tendrá bajo su órbita a la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal.
El Producción, perdieron 9 subsecretarías y 12 direcciones nacionales, en Hacienda reducción fue menor: sólo anularon la subsecretaría de Desarrollo, mientras que a la secretaría de Legal y Administrativa le sumaron dos subsecretarías. En el caso de la subsecretaría de Ingresos Públicos la elevaron a secretaría, a la par de la de Hacienda.
Finanzas sólo perdió la subsecretaría de Financiamiento, pero no tuvo grandes cambios. Algo parecido ocurrió en el ministerio de Transporte que sólo resignó las subsecretarías de Transporte de Cargas y Logística y la de Planificación de Transporte Interurbano e Internacional de Pasajeros. En Trabajo, anularon diez subsecretarías, pero crearon tres nuevas secretarías.
En cada caso, el achicamiento fue propuesto y elevado por cada ministro, a su par de Modernización y a los vicejefes de Gabinete, que terminaron de autorizar y resolver la poda. En cada caso, admiten en el Gobierno, hubo quejas por los achicamientos de cargos, partidas y degradaciones, con reducciones salariales en todos los casos para cargos que tienen salarios que van desde los 60.000 a 120.000 pesos mensuales, en muchos casos percibidos por militantes y cuadros técnicos de los socios de la alianza Cambiemos: es decir hombres y mujeres del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que forman parte de su estructura partidaria y que habrían hecho tronar su malestar para obtener un nuevo destino en otras jurisdicciones administradas por Cambiemos, especialmente la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde anunciaron posibles achicamientos, pero aún no definieron sus nuevos organigramas: un proceso que todavía está en debate y cuenta con desplazados del Ejecutivo Nacional que están golpeando sus puertas.
