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AFIP noquea a Indalo y venga la liberación de Cristóbal y De Sousa

En una audiencia con los interventores y el juez, el fisco jugó fuerte con la carta del Gobierno: cobrar Oil o quebrar el holding. El plan Macri-Abad que sopesó la furia oficial con la Justicia.

En Casa Rosada están que vuelan con la liberación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, pero buscan por todos los medios hacerles pagar a los dueños de Indalo las millonarias deudas, estén dentro o fuera de la cárcel. Una especie de vendetta contra lo que en el Gobierno consideran un “favor” de la Justicia a los dueños del Grupo Indalo.

 

La decisión oficial de avanzar en este sentido quedó plasmada en el acta de la reunión que mantuvieron el juez Javier Cosentino, del Juzgado Comercial 5; los síndicos de la petrolera Oil, los interventores de esa compañía y tres cuadros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El documento -al que accedió Letra P- detalla que el fisco, más allá de las explicaciones técnicas de los interventores y de la situación crítica del holding, se negará a darle a Indalo planes de facilidades para sanear la deuda que Oil mantiene con el Estado argentino, los famosos $8.000 millones de impuestos a la transferencia de combustibles que López tomó para sí. De esta manera, se cumple la premisa inicial del ex sabueso Alberto Abad, que contó siempre con el aval del presidente Mauricio Macri para cobrarle a López hasta el último centavo no abonado. En paralelo, también a través de la AFIP, el Gobierno apeló ante la Justicia el cambio de carátula que habilitó la liberación del empresario patagónico.

 

La jugada, legal y válida, es un golpe de nocaut a Indalo vía la quiebra virtual de Oil. Según fuentes de la compañía, cuando Indalo se armó, Oil quedó asociada a cada una de las otras compañías (los medios, las radios, la constructora y las alimenticias) por una razón simple: es el corazón estructural y financiero de todo el grupo, la compañía que financiaba al resto. Lo hacía, en buena parte, con los impuestos recaudados por Oil y absorbidos. Un esquema de financiamiento que el propio De Sousa reconocía en privado.

 

La negativa a no facilitar el pago lo puso en palabras textuales Eliseo Devoto, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFIP, hombre que llegó al fisco de la mano de Abad. Detalló que “la resolución 3827 de 2016 no permite que el impuesto a los combustibles pueda quedar incluido en tales facilidades. Ello, toda vez que se trata de un impuesto monofásico y no requiere financiamiento por ser una caja recaudadora". Aclara, además, que "el artículo 32 de la ley de procedimiento tributario faculta a votar en un concordato y faculta a dar planes especiales de pago aún a título particular cuando el contribuyente acreditara no poder pagar. Sin embargo -aclara- tal posibilidad no se encuentra actualmente viable toda vez que el Dr. Abad adoptó una decisión general en enero de 2016, instruyendo a las direcciones generales que no deberán dar curso para requerir el ejercicio de la facultad que le concede el artículo 32”. Asimismo, AFIP detalla que “al día de hoy la deuda postconcursal ascendería a $1000 millones, monto que coincide con lo que OCSA prestó a sus empresas amigas”. Y agrega que la “AFIP tiene conocimiento (de) que el pedido de quiebra no es un reclamo particular, sino en favor de la masa”.

 

 

 

La situación de Oil es un masazo político y ejemplificador del Gobierno para Cristóbal López, pero es, también, un problema serio para los trabajadores del grupo (más de 2.000) y para la provincia de Santa Fe. Con toda esta información, los presuntos nuevos dueños, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, anunciaron el inicio de la salida de las empresas de Indalo. Previamente, se reunieron con el intendente de San Lorenzo, el radical Leonardo Raimundo. Les mostró una preocupación suprema, que se plasmó en Buenos Aires la semana pasada, cuando el gobernador Miguel Lifschitz visitó YPF para pedir respaldo ante la crisis de Oil, que pone en riesgo buena parte de los empleos en estaciones y producción en la provincia mediterránea.

 

“La situación de la empresa es crítica: no se pagan salarios y la refinería de Santa Fe se halla paralizada, entre otras circunstancias de gravedad”, detalla el documento de la Audiencia. Y agrega que “la empresa día a día se va deteriorando”.

 

El detalle del texto agrega que la deuda comercial postconcursal “ascendería a $500 millones, lo cual sumado al reclamo de AFIP totalizaría alrededor de $2.000 millones”. A continuación, Francisco Cárrega, uno de los interventores, aclara que la refinería de San Lorenzo no está siendo abastecida por OCSA, sino por otras empresas. Y cuenta que unas 100 estaciones de las 200 totales “ya iniciaron su proceso de desvinculación de OCSA”, en tanto que la deuda preconcursal supera los $10.000 millones.

 

 

 

Hay en la audiencia algunos otros datos que muestran los problemas globales de Indalo en el marco de esta crisis. Por caso, que “los accionistas y terceros no van a inyectar fondos” y que “no hay ofertas concretas sobre los denominados bienes no estratégicos”. “En líneas generales –grafican-, la sociedad hoy no puede pagar el pasivo postconcursal y ni siquiera se conoce que hubiera comenzado a hablar sobre la deuda preconcursal teniendo en cuenta que el período de exclusividad vence en agosto”. La conclusión del documento, el detalle que explica por qué irá todo a la bancarrota, aparece en la tercera de las seis páginas de la versión taquigráfica de la audiencia: “En síntesis, no se ve un negocio que permita pagar esto, por lo que el único escenario donde los acreedores dejarían de perjudicarse a sí mismos sería una eventual quiebra”.

 

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