La administración del presidente estadounidense Donald Trump concretó dos movimientos en una semana para paliar la relación comercial desventajosa que mantiene con su par argentino, Mauricio Macri, ponderado como uno de los principales aliados de Washington en la región. Este viernes la Casa Blanca oficializó la promulgación de la ley que reincorporó a la Argentina dentro del “Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para exportaciones a los Estados Unidos, la cual será retroactiva al primero de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020”. El permiso implica arancel cero para 30 productos locales que ya se exportan a Estados Unidos por 380 millones de dólares, que gozaron de la misma ventaja fiscal hasta 2011, cuando fue anulada con el default argentino. La decisión beneficia, especialmente, a 500 productos argentinos, entre frutillas, manzanas secas, vinos, aceites de oliva, cueros y maníes.
Las preferencias arancelarias fueron confirmadas, casi en forma simultánea, a la decisión quitar a la Argentina, junto a otros países, de la lista de exportadores a Estados Unidos de acero y aluminio que iban a ser castigados con aumentos del 25% y 10% respectivamente. Este viernes, la Casa Blanca anunció que los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de los siguientes países quedan suspendidos hasta el 1° de mayo de 2018, quedando pendiente el tratamiento de formas alternativas a largo plazo, que resulten satisfactorias para tratar la amenaza de perjuicio para la seguridad nacional de los Estados Unidos: Argentina; Australia; Brasil; Canadá; México; países miembros de la Unión Europea, y Corea del Sur”, detalló el Departamento de Estado.
La proclama firmada por Trump justificó la decisión con la administración de Macri en una razón de peso, que también motorizó la decisión de aceptar el pedido argentino para regresar al SGP: "Estados Unidos tiene una importante relación de seguridad con la Argentina, incluido nuestro compromiso compartido de apoyarnos mutuamente para abordar las preocupaciones de seguridad nacional en América Latina, particularmente la amenaza que representa la inestabilidad en Venezuela", sostuvo el documento.
En el caso de Brasil, la Casa Blanca también informó que existe una "importante relación de seguridad", un tema que también destacó en el caso de Corea del Sur, por su "compromiso compartido de eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte". En la lista de beneficiarios, Argentina es el único país donde la exención aparece vinculada a Venezuela.
El peso relativo de la administración de Cambiemos respecto a las presiones de Washington sobre el país caribeño es mayor desde que el gobierno del peruano Pedro Pablo Kuczynski comenzó a tambalear. Este jueves el parlamento de ese país le aceptó la renuncia, en medio de una crisis institucional que limita la proyección regional de ese país en materia de seguridad para los planes de Estados Unidos.
Hasta diciembre de 2017 Argentina registró un saldo desfavorable de 8.471 millones de dólares, que surge de importaciones que ingresaron por 66.899 milllones de verdes y por las exportaciones argentinas a Estados Unidos, que cerraron en 58.428 millones. La Argentina nunca había tenido un déficit de ese nivel con la potencia norteamericana, con un total equivalente al 1,5% del PBI nacional.
Los gestos de la Casa Blanca sacaron al castigo contra el acero, pero no llegaron al cierre de las fronteras norteamericanas contra el biodiesel, que rige desde noviembre cuando "el Departamento de Comercio determinó que la Argentina está otorgando subsidios injustos a sus productores", según informaron desde Washington para confirmar en forma definitiva el aumento de las tasas al 86,41%. El aumento es el resultado de la investigación que había anunciado el área de Comercio por presuntas medidas de dumping. Con la confirmación de las pesquisas vino el cierre de un mercado de 1.200 millones de dólares anuales, que afectan directamente a los productores argentinos de biodiésel de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. La exención al acero respondió al pedido que había formulado Macri, para que la Casa Blanca no castigara a las exportaciones argentinas de los dos metales, dentro de una estrategia de repechaje que comenzó hace diez días.
En ese contexto de gestos y castigos, pero con la mira puesta en la seguridad regional bajo la tutela de Washington, llegará a Buenos Aires el ex juez texano Edward Prado, designado como nuevo embajador de Estados Unidos. Este jueves el Senado dio su acuerdo a la nominación de Trump. En su interpelación ante el Congreso norteamericano dijo que buscará “ayudar todo lo que se pueda con toda la asistencia que podamos brindar”, respecto a la muerte del fallecido fiscal Alberto Nisman. También anticipó que buscará promover “la seguridad ante las amenazas del terrorismo y el crimen organizado en el país, y que ayudará al gobierno de Macri para encontrar una solución a la situación política y económica en Venezuela”.
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires está vacante desde enero de 2017, cuando Trump asumió la Presidencia en reemplazo de Barack Obama y el embajador político Noah Bryson Mamet presentó automáticamente su renuncia, aunque se quedó a vivir en Argentina. Lo reemplaza el encargado de negocios, Tom Cooney, que había llegado medio año antes a esa delegación diplomática, luego de cumplir un destino similar en Hong Kong.
