10|4|2021

Cómo piensa el Gobierno convertir en ley la doctrina Bullrich de gatillo libre

06 de febrero de 2018

06 de febrero de 2018

La Casa Rosada busca aprovechar el debate del nuevo Código Penal para introducir cambios que respalden el accionar policial como el de Chocobar. La "presunción de legalidad", una posibilidad.

El “cambio de doctrina” que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich mencionó para confirmar el respaldo de la Casa Rosada al policía municipal Luis Oscar Chocobar (reivindicado por asesinar a un delincuente por la espalda) podría incluir una nueva reforma dentro del inciso sexto del artículo 34 del Código Penal de la Nación. El texto vigente define el alcance de la legítima defensa y establece que “no son punibles” quienes actúen “en defensa propia o de sus derechos”, siempre que estuvieran frente a tres elementos determinantes: una “agresión ilegítima”, la “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla” y la “falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”.  En la actualidad, los efectivos cuestionados por su actuación en situaciones de este tipo se amparan en el inciso 4° del mismo artículo, que exime de punibilidad a quien "obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

 

 

 

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a Letra P que podría incluir cambios en esa definición para que los funcionarios policiales puedan ampararse en un inciso 6° reformado y esgrimir “legítima defensa” ante un caso como el que protagonizó el policía Chocobar.  Los voceros de la cartera de Seguridad no precisaron detalles, pero una alto funcionario de Balcarce 50 recordó que “el próximo mes” volverá a reunirse la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación que preside el camarista Mariano Borinsky, el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra,  el fiscal Pablo Turano y el ex ministro de Justicia bonaerense Carlos Alberto Mahiques, entre otros. Ese organismo, (encabezado por el miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal)  tiene en sus manos la reforma del Código, pero hasta ahora no ha recibido ninguna iniciativa formal para incluir el cambio del artículo 34, según confiaron a este medio desde el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano.

 

 

 

Más allá de los límites de la Casa de Gobierno, en las entrañas de Cambiemos confirmaron que se trata de una hipótesis de trabajo que podría incluir una nueva categoría dentro del artículo 34. “Tiene que ver con introducir al Código Penal la presunción iuris tantum - es decir, que admite prueba en contrario- de la legalidad del accionar de las fuerzas de seguridad”, detalló la fuente consultada. 

 

 

 

LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD. La reforma sería insertada en el inciso 6° del artículo 34, aunque el texto penal vigente ya cuenta con el inciso 4°, que va en el mismo sentido. Para la iniciativa que diseña el Gobierno el cambio sumaría la “presunción de legalidad” que admitiría pruebas en contrario para impedir la aplicación de ese beneficio. Dentro del oficialismo, reconocieron que el objetivo es “dar un mensaje dentro del Código Penal, una manera de poner por escrito este respaldo político, aunque sabemos que la discusión de fondo es la proporcionalidad de la respuesta policial ante determinado delito”, en un contexto donde las fuerzas de seguridad ya tienen protocolos de actuación que, en términos generales, establecen dar la voz de alto, reclamar la identificación del perseguido y luego disparar en forma disuasiva. Todo lo que no ocurrió durante la intervención de Chocobar.

 

 

 

La nueva articulación, además de plasmar el discurso de Cambiemos en el Código Penal, también intenta contener los planteos de los efectivos (y de sus mandos jerárquicos), que se niegan a actuar como les reclama el Gobierno para evitar sumarios internos, castigos administrativos y calificaciones penales si no existe una garantía legal que les permita actuar.

 

 

 

El diseño del nuevo Código, que coordina el camarista Borinsky, incluye una serie de cambios tomados del borrador que presentó el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, quien lo bautizó como "Código Justo". En un reportaje concedido a este medio, la jefa del bloque massista de Diputados Graciela Camaño había anticipado su apoyo a la reforma: "Si el Gobierno viene con el Código Penal, el Código Procesal Penal y el régimen penal juvenil, son cosas en las que seguramente vamos a estar de acuerdo porque van a tomar muchas cosas de los Códigos que ya presentamos nosotros. El ministro Garavano me dijo que el Código de Massa tenía elementos muy interesantes que iban a tomar en cuenta. Y en eso nosotros tuvimos coherencia, porque Cambiemos en plenitud acompañó el Código Penal de Cristina Kirchner que redactó (Raúl) Zaffaroni, a quien ahora quieren echar de la Corte Interamericana. (Federico) Pinedo, (Ricardo) Gil Lavedra y el socialismo eran parte de la comisión que lo redactó. Entonces en ese tema vamos a tener mucha coincidencias con el oficialismo", explicó la diputada, sin embargo la "presunción de legalidad" no forma parte de esa plataforma, ni tampoco de las iniciativas promovidas por el resto del arco opositor, cuyos representantes defienden la letra actual del articulo 34.

 

 

 

El debate sobre la extensión de la “legítima defensa” a favor de efectivos policiales es una discusión jurídica que acumula varios años. En su biblioteca los juristas más conservadores sostienen la pertinencia de extender el alcance del articulo 34 a favor de los uniformados, un tema que ahora podría ser incluido dentro de los planes de la reforma del Código que rige desde 1921, y que ya cuenta con un atajo, establecido en el inciso 4°.