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La medida es de carácter cautelar y tras el pedido de la Comisión por la Memoria. El organismo también exige indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia.
Redacción 05/12/2018 8:50

Casi un mes y múltiples acciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tuvieron que pasar para que el Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo tome la primera medida ante la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas, registrada en noviembre pasado en Esteban Echeverría y que arrojó como saldo nueve detenidos fallecidos.

La Auditoría de Asuntos Internos de esta cartera bonaerense desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3º la noche de la masacre. La decisión se produce en el marco de una investigación sumarial que busca establecer la conducta disciplinaria de los efectivos y pretende esclarecer las responsabilidades sobre lo sucedido la madrugada del 15 de noviembre.

La medida, de carácter cautelar, se dicta frente al pedido formulado por la CPM y alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.
 


La CPM viene reclamando desde el momento en que se produjeron los hechos, por la gravedad y magnitud de lo sucedido, una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales. En efecto, había manifestado su preocupación por el hecho de que no se hayan tomado medidas en lo inmediato para con estos efectivos una vez sucedida la tragedia. 

“Las nueve víctimas, sus familias y todas las personas que padecen cotidianamente las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires exigen justicia”, remarcó el organismo en un comunicado en el que advierten que esta resolución “significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada en la Comisaría 3°”.

Asimismo, aseveraron que “este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial que, a pesar de haber sido clausurada por la Justicia, seguía alojando detenidos”.

A casi un mes de la masacre de la comisaría, Ritondo desafectó a cinco policías

La medida es de carácter cautelar y tras el pedido de la Comisión por la Memoria. El organismo también exige indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia.

Casi un mes y múltiples acciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tuvieron que pasar para que el Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo tome la primera medida ante la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas, registrada en noviembre pasado en Esteban Echeverría y que arrojó como saldo nueve detenidos fallecidos.

La Auditoría de Asuntos Internos de esta cartera bonaerense desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3º la noche de la masacre. La decisión se produce en el marco de una investigación sumarial que busca establecer la conducta disciplinaria de los efectivos y pretende esclarecer las responsabilidades sobre lo sucedido la madrugada del 15 de noviembre.

La medida, de carácter cautelar, se dicta frente al pedido formulado por la CPM y alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.
 


La CPM viene reclamando desde el momento en que se produjeron los hechos, por la gravedad y magnitud de lo sucedido, una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales. En efecto, había manifestado su preocupación por el hecho de que no se hayan tomado medidas en lo inmediato para con estos efectivos una vez sucedida la tragedia. 

“Las nueve víctimas, sus familias y todas las personas que padecen cotidianamente las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires exigen justicia”, remarcó el organismo en un comunicado en el que advierten que esta resolución “significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada en la Comisaría 3°”.

Asimismo, aseveraron que “este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial que, a pesar de haber sido clausurada por la Justicia, seguía alojando detenidos”.