En pleno año electoral, los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta tendrán que poner la cara para comunicar y explicar los aumentos en luz y transporte que autorizó el gobierno de Mauricio Macri, que impactarán en el bolsillo de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a comienzos de 2019.
No es un dato menor. Larreta y Vidal gobiernan la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, los dos fuertes electorales más importantes de la alianza Cambiemos. Eso conlleva una respponsabilidad mayúscula: custodiar un territorio que concentra el 45% del padrón nacional.
Ambos mandatarios deberán utilizar recursos de sus arcas públicas para costear los subsidios al transporte, la luz y parte de la boleta del servicio de agua que hasta 2018 cubría el Gobierno nacional. Es parte del acuerdo en torno al Presupuesto 2019, que tuvo a Larreta y Vidal como actores principales ante el reclamo de los gobernadores opositores para que la Ciudad y la Provincia se hicieran cargos de esos servicios que costeaba la Casa Rosada.
El encargado de comunicar el nuevo cuadro tarifario fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. A diferencia de otros anuncios, estuvo escoltado por dos funcionarios ajenos al Gobierno nacional: el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y el subsecretario de Transporte de la provincia, Fernando Raviec. Esta conferencia, realizada en el microcine del Palacio de Hacienda, fue un adelanto de lo que sucederá desde el 1 de enero de 2019, cuando la Ciudad y la provincia de Buenos Aires reciban estos servicios públicos. Aún se desconoce quiénes serán los funcionarios de Larreta y Vidal que comuniquen los próximos incrementos, pero la foto de este jueves podría repetirse durante el año de campaña electoral.
En el caso del transporte, se acordó una especie de integración progresiva que se ejecutará a través de la Agencia Metropolitana de Transporte, que ahora tendrá un rol central en la interrelación entre la Casa Rosada y las gobernaciones bonaerense y porteña. Este aspecto tiene una explicación lógica: debe haber acuerdo tarifario entre las tres jurisdicciones, porque algunos colectivos que atraviesan la Ciudad y la Provincia tienen un boleto mínimo distinto a los servicios que circulan, por ejemplo, únicamente dentro de la Capital.
Rodríguez Larreta y Vidal ofrecieron sus terruños para el ajuste fiscal que reclama Macri y que fue cristalizado y sistematizado en el Presupuesto 2019. No fue fácil la discusión, pero ambos mandatarios acordaron el traspaso de servicios, reclamado hasta el hartazgo por las provincias opositoras a Cambiemos. Mientras la Casa Rosada negociaba un achicamiento del gasto con los gobernadores, los mandatarios presionaron y lograron que Balcarce 50 deje de subsidiar a la región más poblada de la Argentina.
La Ciudad y la provincia de Buenos Aires se harán cargo de esta masa de subsidios y deberán poner la cara producto de este debate, que se prolongó durante toda la negociación del Presupuesto 2019 que se aprobó en el Congreso. Aún restan definiciones sobre el traspaso y su instrumentación: se sabe que ambos gobiernos pagarán los subsidios y que deberán comunicar futuros aumentos, ya previstos y autorizados por el Gobierno nacional. Sin embargo, aún se negocia que el control de esos servicios también pase a la órbita porteña.