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Le encargó a Peña que pase el registro de constructores por el tamiz de la hasta ahora inactiva "mesa de integridad" de la jefatura de Gabinete. La conduce el "lilito" Fernando Sánchez.
Por 11/12/2018 19:41

El traspaso del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas desde la órbita del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, al control del jefe de Gabinete, Marcos Peña, forma parte de una estrategia orientada a “poner dentro del nuevo Sistema de Integridad Pública” a ese registro, según confiaron a Letra P fuentes cercanas al ministro coordinador, en medio de las balas del Cuadernogate que pican muy cerca de la Casa Rosada.

El cambio de área se concretó con un decreto firmado el viernes pasado, 48 horas antes de la citación a indagatoria que decidió el juez federal Claudio Bonadío este lunes, para que Franco y Gianfranco Macri (padre y hermano del Presidente) comparezcan a prestar declaración como sospechosos de haber pagado coimas al ex titular del organismo encargado de las concesiones viales, Claudio Uberti, dentro de la causa que investiga el presunto pago de sobornos a partir de las fotocopias de los cuadernos que presentó el chofer Oscar Centeno. En este escándalo, se sabe, también está embarrado el primo presidencial Ángelo Calcaterra.

 

 

Este lunes, cuando el decreto fue publicado en el Boletín Oficial, las primeras especulaciones giraron en torno a la presunta pérdida de influencia de Frigerio sobre el control de la obra pública, aunque el decreto 1117/18 define el cambio de órbita de un registro que le entrega un certificado de competencia a todas las empresas que participen de una licitación de obra pública.

La única vez que tuvo un efecto de castigo fue cuando ese registro le suspendió por un año el certificado a la brasileña Odebrecht, que estaba siendo investigada por la Justicia federal en el marco de las conexiones locales del escándalo Lava Jato, que estremeció a la política del gigante amazónico.

En esa oportunidad la medida fue dispuesta a principios de julio de 2017 por Frigerio, en “forma preventiva” y “con una vigencia de 12 meses”. Por entonces dejó sin “certificado de capacidad de contratación anual para licitar obras” a Odebrecht, aunque ese permiso ya estaba vencido desde el 30 de junio de 2016 y la ley de obras públicas define que ninguna empresa puede presentarse a competir en una licitación sin ese certificado.

 

 

En la Casa Rosada aseguraron que la activación de ese registro “permitirá ordenar los controles junto a los demás organismos” que funcionarán dentro del Sistema de Integridad, que incluye a la Oficina Anticorrupción, en manos de Laura Alonso, y la Procuración del Tesoro, que conduce Bernardo Saravia Frías, jefe de los abogados defensores del Estado. La razón que argumentan cerca de Peña para justificar el cambio de órbita es "la reglamentación necesaria para los proyectos de Participación Público Privada", cuyo régimen legal también establece un registro de control de contratistas. También serán monitoreados por el mecanismo vigente pero bajo el control de Peña.