Este martes se cumplen dos meses de la explosión en la Escuela Nº 49 "Nicolás Avellaneda" del distrito bonaerense de Moreno que provocó la muerte de la vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez. Durante este tiempo, el ciclo lectivo fue reiniciado sólo en 75 de los 264 servicios educativos públicos del partido. La reapertura de la actividad en los restantes depende de las condiciones de seguridad de los edificios.
Tras la tragedia en la escuela 49, los 264 servicios educativos públicos que se dictan en 195 edificios del distrito de Moreno suspendieron el dictado de clases hasta que el Estado municipal y provincial garantizase la seguridad de todas las instalaciones. La medida, que fue anunciada el sábado posterior a la explosión, se repitió en distintos distritos del ámbito gobernado por María Eugenia Vidal, lo que derivó en que durante varios días un centenar de escuelas bonaerenses permanecieran cerradas en reclamo de asistencia.
Según fuentes de la Dirección General de Educación y Cultura, a 61 días de la muerte de los dos trabajadores de la educación, sólo se dictan clases en 75 servicios educativos de Moreno. Su apertura estuvo atada al peritaje de las instalaciones de gas, electricidad y agua y de la estructura edilicia.
La situación educativa en Moreno es particular. Hace un año, en octubre de 2017, por decisión del ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, el gobierno de la Provincia intervino el Consejo Escolar por irregularidades. Además del trágico hecho que terminó con el fallecimiento de Calamano y Rodríguez, la justicia investiga la denuncia de secuestro y tortura que realizó Corina De Bonis, una docente que forma parte de la organización de ollas populares, y el incendio de la escuela secundaria Nº36, por el que ya están detenidos tres sospechosos acusados de provocar de forma intencional el siniestro.
Luego de la explosión, en Moreno se puso en funcionamiento un comité de crisis integrado por docentes, padres, representantes sindicales, autoridades municipales y provinciales. En instancias de reuniones entre miembros de este espacio y de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) se acordaron 12 puntos, que son un criterio para considerar a una escuela segura y tiene en cuenta la provisión de agua corriente potable y segura, las instalaciones eléctricas y de gas legalizadas con planos de aprobación, la construcción edilicia segura, instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad, red de cloacas con eliminación segura de excretas, planes de emergencia ígnea y química, iluminación y ventilación adecuadas, almacenaje de sustancias químicas, planes de emergencia zonal y provisión de botiquín de primeros auxilios.
Uno de los puntos que más polémica despertó entre la heterogeneidad de miembros del comité es el 11, que indica que los “edificios escolares que se encuentran en obra permanecerán sin actividad escolar”. Este criterio divide las posiciones, teniendo en cuenta que un importante grupo considera que, habiendo resuelto los problemas con el agua, la luz, el gas y la construcción, el ciclo puede retomarse y continuar con el cumplimiento del resto de los ítems con los alumnos en las aulas.
Sin embargo, un sector considera que se debía volver a clases con la totalidad de los puntos resueltos y, además, hay quienes planteaban la necesidad de frenar el dictado de clases hasta que todos los establecimientos educativos estuviesen en condiciones seguras, posición que objetaba el comienzo de clases por etapas.
Fuentes de la cartera conducida por Sánchez Zinny indicaron, además, que hay “más de cien escuelas en proceso de ser habilitadas, de las cuales 50 ya están por abrir”. Asimismo, en el comunicado, se indica que “hay 10 o 12 escuelas que están politizadas y que no quieren abrir”, en referencia a supuestas trabas por parte de los representantes sindicales.
Se agrega que “los chicos de las escuelas que no están abiertas continúan con el plan de contingencia pedagógico” y que “en la Escuela 49 ya se terminaron todas las reparaciones”, situación que acerca la posibilidad de una pronta reapertura.
Por la explosión de este establecimiento, la justicia imputó a Cristian Ricobene, el gasista que trabajó en el edificio horas antes de la tragedia, y a Sebastián Nasif, ex interventor del Consejo Escolar.
En la investigación judicial, Nasif renunció a su cargo. Después de su salida, la administración provincial decidió continuar con el proceso de avocación y designar en su reemplazo a una asesora de la cartera de educación, Ana Karini Politi.
