El secretariado nacional del sindicato que conduce Sergio Palazzo anunció un paro bancario de cuatro días en la Provincia de Buenos Aires, que se relizará durante los dos primeros jueves y viernes de febrero, es decir, los días 1,2, 8 y 9 de este mes. La huelga, que proyecta la decisión de las Comisiones Gremiales Internas del Banco Provincia, será “sin concurrencia a los lugares de trabajo”, aunque “las distintas Seccionales están facultadas a modificar dicha característica si es necesario para llevar adelante otras tareas gremiales adicionales”, detalló La Bancaria en un comunicado enviado este lunes, sobre el filo de la noche.
El anuncio de La Bancaria suma un nuevo capítulo para un conflicto que arrancó el año pasado, cuando la Legislatura provincial sancionó un proyecto enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal para reformar la caja jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia. La nueva normativa aumenta en forma progresiva la edad jubilatoria en 5 años, modifica el cálculo del haber inicial y también de la movilidad jubilatoria, que ya no dependería de las paritarias del sector sino de los aumentos que dicte la ANSES. También establece que el BAPRO deberá responder con sus ganancias por el déficit que tenga la caja jubilatoria.
Al respecto, el gremio recordó que “junto a la totalidad de las CGI del Banco Provincia venía realizando medidas de fuerza, que debieron ser interrumpidas por el dictado de una conciliación obligatoria, con la advertencia por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de la pérdida de la personería jurídica si no la acatábamos”, sostuvo el sindicato, antes de aclarar que “dicha conciliación fue respetada en todos sus términos por parte de la Asociación Bancaria y ya ha finalizado. En ella tuvieron lugar diversas reuniones técnicas. No se llegó a un resultado favorable debido la negativa gubernamental a modificar la ley, pretendiendo sólo discutir aspectos reglamentarios”, acusó gremio que conduce Palazzo.
ARGUMENTOS. En sus explicaciones, el comunicado recuerda que el conflicto nació cuando “Vidal junto a los legisladores del oficialismo y un puñado de legisladores de la oposición que fueron funcionales a ella y a su proyecto político, arremetieron y cercenaron derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados del Banco Provincia”, en referencia a la reforma cuestionada.
Según el gremio, los funcionarios de Cambiemos “han manifestado erróneamente o de mala fe, que los trabajadores del Provincia tienen un régimen de jubilaciones de privilegio. Esto no es así. Simulan desconocer que dicho régimen tiene características especiales, no de privilegio. Se sostiene no sólo con aportes de la empresa, sino también con un aporte mayor a cualquier régimen previsional por parte de los trabajadores activos como el de los propios jubilados, quienes siguen aportando luego de serlo; también con aportes extraordinarios de los trabajadores cada vez que hay un acuerdo salarial, un ascenso o cuando ingresan a la entidad y aportan su primer sueldo completo”, repasó el anuncio de paro.
EL DÉFICIT: UNA FALACIA. Sobre la situación deficitaria de esa caja, el sindicato sostuvo que “casi la totalidad de las prestaciones sociales que realiza cualquier gobierno por naturaleza son “deficitarias”, como le gusta decir a este Gobierno de ricos para ricos. No entienden que son obligaciones constitucionales ineludibles de los estados”, advirtió La Bancaria y agregó que “si la cantidad de jubilados es mayor a la cantidad de aportantes, tiene un único responsable: son los sucesivos directorios y gobiernos que establecieron el congelamiento de la planta de personal del Banco a pesar de la notoria falta de dotación, particularmente en las sucursales de la entidad, así como también el fenomenal fraude laboral que comete al tercerizar tareas que son propias de la institución, incluso mediante empresas del propio Banco”.
Entre los argumentos para responderle a la administración de Vidal, el gremio también agregó que “el Banco Provincia se apropió de los recursos extraordinarios que generaba la Caja del Banco Provincia a través de la colocación de seguros. Nunca indemnizó a la Caja por esa apropiación, tampoco le retribuyó de manera alguna por la rentabilidad que ha generado la compañía de seguros del Banco”.
Respecto a la nueva ley, los trabajadores del Banco, sostuvieron que “no garantiza ni siquiera la movilidad que la propia ley indica, acrecienta la edad de las compañeras con relación a cualquier régimen de jubilaciones, establece 35 años de aporte, permite la rebaja del haber jubilatorio en hasta dos puntos cuando se le ocurra al funcionario de turno, prohíbe (a pesar de numerosos fallos en contra) que alguien cobre la jubilación y la pensión de su cónyuge fallecido y quita el subsidio por enfermedad”, entre otras críticas. También “prevé que el déficit de la Caja sea absorbido por el propio Banco hasta donde el Directorio disponga. Es decir, si el Directorio no dispone financiar la totalidad del déficit o no tiene utilidades para ello, corre peligro el pago de dicho haber”.
