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La minera YCRT envió esta semana 415 telegramas de despido. Se habla de 800 más en operadoras de la Petrolera. El Gobierno prevé retiros voluntarios y futuras contrataciones en la obra pública.
Juan Suarez 26/01/2018 9:38

Hacía mucho tiempo que la mina de carbón de Río Turbio no se veía tan oscura. La empresa del Gobierno nacional YCRT avanzó esta semana con un plan de ajuste y envió 415 telegramas de despidos que derivará en una negociación para bajar sueldos y condiciones de trabajo de los todos mineros “al estilo Vaca Muerta”. El año comenzó de la peor manera para todo el sector hidrocarburífero de Santa Cruz: YPF presionó a  una decena de operadoras para despedir a unos 800 petroleros, que ahora buscan, al menos, un subsidio por seis meses hasta conseguir otro trabajo.

La primera oferta de Cambiemos es que petroleros y mineros acepten retiros voluntarios con la promesa de que serán tenidos en cuenta cuando se inicien otras obras públicas, como la construcción de las represas hidroeléctricas del Río Santa Cruz.

La UTE Represas Patagonia informó para 2018 habrá una “incorporación paulatina y gradual” de unos 1.000 obreros. Sin embargo desde la UOCRA Santa Cruz  aseguraron a este medio que se trata de “una cortina de humo” porque “nadie habló ni con el gremio ni con la empresa para garantizar un puesto. Parece otra promesa más”.

En Río Turbio la situación se puso tensa cuando el coordinador general de YCRT, Sergio Lumacchi, pidió 200 gendarmes para evitar que los trabajadores tomen la planta y los accesos a la mina durante la manifestación que realizaron ayer por la tarde. La protesta fue pacífica y los gendarmes hasta ahora no se presentaron. Además, a última hora, los gremios y el interventor de la empresa estatal Omar Zeidan, alfil del senador nacional Eduardo Costa y principal opositor del kirchnerismo en la provincia, acordaron reunirse la semana próxima para negociar un anexo en los Convenios Colectivos de Trabajo. Los sindicatos estarían dispuestos a bajar los sueldos y las condiciones de trabajo a cambio de mantener los puestos laborales.

 

 

El peor destino. Cuando asumió Mauricio Macri y puso como interventor al alfil de Costa, la empresa tenía más de 2.900 trabajadores. Mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y una denuncia al Convenio Colectivo la dotación bajó a 2.400 en un año. Si se efectivizan estos despidos la empresa ya se habría despachado a un tercio de los empleados.

La mina de carbón le da vida a Río Turbio y 28 de Noviembre, dos localidades fronterizas con Chile que suman 15 mil habitantes y cumplen una función de defensa soberana con temperaturas bajo cero la mayor parte del año. A diferencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a Mauricio Macri no le cierra que el Gobierno nacional haya subsidiado con 2.600 millones de pesos anuales durante 10 años para que las ciudades no se conviertan en dos pueblos fantasmas.

“Cuando llegamos le dijimos (a los gremios) que si no nos ayudábamos el yacimiento iba a tener el peor destino”, advirtió Zeidán a la radio local El Portal. “De hecho hicimos una oferta muy importante como se hizo en Vaca Muerta, donde se apartaron de los Convenios Colectivos para poder producir y que la empresa no tenga que tomar medidas de fondo. Decíamos suspendamos la BAE pero también hagamos un bono por producción, otra propuesta era poner un tope en el Impuesto a la Ganancias de 15 mil pesos para que se le devuelva más al que menos gana y hace el trabajo más riesgoso en la mina. Pero la posición era no entregar nada y ahora acá estamos. Los gremios fueron advertidos”, reconoció.

Además criticó a los gremios de actuar en complicidad con las gestiones anteriores: “Los gerentes de explotación los puso ATE, las empresas fueron manejadas conjuntamente con los gremios y permitieron un montón de cosas; y después dicen que  la responsabilidad es toda mía. No estaríamos viviendo esto si en épocas electorales no hubiesen puesto a trabajar 1.600 personas, si la persona que fue jefe cobre como jefe sin responsabilidad”, advirtió. “Cuando tengo que venir a Buenos Aires a defender los intereses se me hace muy difícil si no me ayudan”, completó.

En diálogo con Letra P el secretario general de ATE Río Turbio, Miguel Páez, desmintió a Zeidán: “Todo eso lo dice es falaz y es para los medios, nunca hubo una propuesta formal que garantice la estabilidad laboral y nos querían hacer firmar una adenda propuesta mediáticamente pero nunca por escrito y nosotros le dijimos que nos podíamos sentar a negociar siempre y cuando no se atente contra los puestos de trabajo y ellos no lo quisieron firmar, así que quedó más que claro que la intención no era solamente que firmemos la adenda sino también recortar los puestos de trabajo”.

Subsidios. La situación de los petroleros no es para nada mejor. Al igual que los mineros, resistieron varios telegramas de despidos de YPF y operadoras privadas durante todo el 2017, y a pesar de eso en los últimos 4 años se perdieron alrededor de 1.500 puestos de trabajo. Ahora lograron que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria que postergó la decisión de YPF y Sinopec para que una decena de empresas contratistas que despidan a unos 800 petroleros.

En junio pasado la provincia de Santa Cruz aprobó una Ley de Emergencia Hidrocarburífera para que el Gobierno se siente a negociar con las empresas petroleras para que suspendan los despidos por 180 días a cambio de la “paz social” del gremio de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz. Fue una respuesta reflejo ante la decisión de YPF de achicar un 35% los puestos de trabajo, lo que generaría un desastre económico y social en las localidades del norte de la provincia.

 

 

Fue un mensaje político del equipo de la gobernadora Alicia Kirchner y el gremio que conduce Claudio Vidal hacia el gobierno nacional. Que de todas formas no evitó que contratistas de YPF y Sinopec como San Antonio, SP (de Cristobal López), Oleo Sur, Lufkin o Prosepet continuaran enviado telegramas de despidos.

Semanas después, el presidente de YPF Miguel Gutiérrez y la gobernadora Alicia Kirchner acordaron que la provincia baje las regalías al 5% en cuatro nuevas áreas petroleras del norte de la provincia con el objetivo de sostener las fuentes laborales. “Este es un paso importante en el camino iniciado por YPF con el fin de garantizar la sustentabilidad de las operaciones en todas las provincias en las que operamos”, simuló Gutiérrez. El avance de YPF sobre Santa Cruz continuó en octubre cuando firmó una adenda a los Convenios Colectivos con todos los sindicatos para bajar los costos laborales para los futuros yacimientos no convencionales en la zona sur de Río Gallegos y el oeste de la provincia.

Tres días después de que venciera la Ley de Emergencia, el 3 de enero, llegaron centenares de telegramas de despidos en toda la zona norte. La oferta del Gobierno nacional para los 800 petroleros despedidos es acceder al cobro de 21 mil pesos durante 6 meses por parte de Anses, con posibilidad de renovar y la oferta de obtener nuevo empleo en otras obras que Mauricio Macri tiene prometidas a Eduardo Costa en Pico Truncado, Caleta Olivia y en Las Heras (localidades no gobernadas por el kirchnerismo), el proyecto ACUA para dar agua potable a la zona norte y un parque eólico en Cañadón León. La conciliación obligatoria finaliza el lunes y para ese día está pautada una última reunión entre el gremio del Petróleo en Santa Cruz y las operadoras.