El mega decreto de “desburocratización” del Estado, que dictó el 10 de enero el presidente Mauricio Macri, sigue sumando rechazos. A las críticas de distintos sectores del peronismo, se sumaron los reconocidos constitucionalistas Daniel Sabsay, Félix Loñ y Andrés Gil Domínguez, quienes aseguraron que el DNU es “inconstitucional”. La norma ingresó este jueves al Congreso para su tratamiento.
"El DNU es inconstitucional, porque no existe ni necesidad ni urgencia que los justifiquen. La Constitución Nacional, luego de la Reforma del '94, establece en su artículo 99 inciso 3 que los únicos motivos para que el ejecutivo pueda firmar un DNU es que 'haya circunstancias excepcionales que impidan el trámite normal para la sanción de leyes'. Acá no las hay", dijo Sabsay. El constitucionalista, cercano al macrismo, afirmó además que el decreto “incluye las materias penal e impositiva”, algo que está vedado al Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional.
Loñ agregó que “en el año 1999, la Corte Suprema, en el fallo Verrocchi, especificó que solo se pueden firmar DNU en casos excepcionales como guerras o cataclismos, circunstancias que realmente impidan sesionar en el Congreso Nacional” y señaló que “el presidente Macri no solo no convoca a sesiones extraordinarias cuando tiene toda a su disposición para hacerlo, sino que recurre a un hábito inconstitucional", según publicó el portal Pulso Media.
El constitucionalista Gil Domínguez, por su parte, agregó que “la impugnación por vía judicial es positiva, porque va a permitir un control sobre el DNU que hoy el Congreso no puede realizar. Si un sola de las Cámaras aprobara este decreto, ya podría ser tomado como válido, entonces que intervenga la justicia garantiza que se pueda analizar la constitucionalidad tanto formal como sustancial del megadecreto dictado por el gobierno”.
Con estas críticas, los constitucionalistas se suman al rechazo que ya expresaron distintos sectores de la oposición en los últimos días. Esta semana, un grupo de diputados del Frente Renovador, encabezados por Graciela Camaño, presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad, al tiempo que advirtieron que la oposición tiene “la mayoría para frenar” el decreto.
Antes, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, había anunciado que la oposición podría convocar a una sesión especial para derogar el decreto. “Si tenemos 129 votos, podemos hacer sesionar la Cámara de Diputados y convocar a una sesión especial para derogar el DNU” sobre desburocratización del Estado, dijo.
En tanto, el Bloque Justicialista, que reúne a los diputados que responden a los gobernadores afirmó que el DNU “atenta contra la institucionalidad y la transparencia” y que si “el Gobierno no puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”.
“Hay cuestiones que ponen en riesgo su constitucionalidad”, dijo el presidente del interbloque Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner. En tanto, el presidente del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto calificó el DNU de “abusivo” y desde Chaco, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la provincia, José Sánchez, dijo que la norma es “inconstitucional” y que el Gobierno “se quiere llevar puesto el Congreso”.