

Reescribir la historia y borrar las huellas del pasado es una de las increíbles ideas que, de tanto en tanto, campean la comunicación de algunos gobiernos alrededor del mundo. Tarea de Sísifo, vuelven tercos a intentarla con nuevas herramientas para forzar la semiótica, la lógica y la filosofía, ahora con la colaboración de la permanente innovación tecnológica y la llegada de la impunidad de las redes sociales. Nuevos fracasos y más intentos. Se creen Orwell y terminan como Hitler en Rusia.
La limitación al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fue uno de las tantos logros del Pacto de Olivos (recordémoslo en su 25º aniversario). Menem hizo abuso de ellos y luego, a cambio de su reelección, entre otras concesiones, aceptó limitarlos/se.
Un sector del periodismo titula con facilidad cualquier iniciativa parecida o con olor al menemato como algo nacido para fracasar o para perjudicar a los más necesitados. Es una simpleza poco profesional el uso del paralelismo con el Riojano o su Cavallo de Troya, tanto para el escarnio del Gobierno de Macri como hace poco lo era para criticar a CFK.
En esencia, un DNU, después de la Reforma de 1994, es una potestad legislativa atribuida por la Constitución al Poder Ejecutivo electo por la ciudadanía.
Los DNU no pueden tocar la legislación penal, la impositiva, la electoral ni la de los partidos políticos. Y el Congreso puede suspender sus efectos inmediatamente después de iniciadas las sesiones ordinarias.
Ni los de Menem ni los de De la Rúa (la técnica del DNU de Contrataciones Públicas 1023/2001 fue aceptada por todos los congresos y gobiernos posteriores) o los de los Kirchner o este de Macri pueden ser tachados de antidemocráticos por su forma ejecutiva sin acuerdo legislativo previo. Son un procedimiento constitucional expreso, vigente y legal.
El Megadecreto de este verano impacta sobre muchas normas supervivientes de los períodos dictatoriales. Las críticas de fondo no deben ocultar ni sostenerse en un rechazo a la existencia de los DNU como institutos constitucionales de la democracia. No tenemos que volver a caer en la misma trampa de la autoamnistía de BIgnone, cuando un decreto del Poder de Facto se intituló como Ley y llegó a que el Congreso la derogase, subestimando la fuerza que un decreto de Alfonsín hubiese alcanzado para fulminar el ardid del último dictador.
Como se notará, estas líneas no defienden -ni atacan- el contenido del DNU 27/2018 de Macri. Solo invitan a reflexionar sobre las posturas que tomamos, demasiado ordenadas por nuestras simpatías y poco consistentes en el tiempo.
Pues puede no simpatizar. Yo no lo voté en ninguna de las tres ocasiones en las que fue el candidato a presidente más votado en las elecciones a las que se presentó. Pero el derecho público moderno argentino se divide entre el esquema que 1994 trajo a la nueva Constitución. Antes y Después de Menem. AM/DM. Por más que reescriban la historia los periodistas o historiadores de moda. No se puede borrar con el codo lo que escribimos con las manos.