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Desalojos en tierras indígenas: el debate colateral que inquieta al Gobierno

El ministro Garavano negocia una ley integral de emergencia territorial de comunidades originarias. Parte del oficialismo se inclina por una nueva prórroga. Presión de la oposición en el Congreso.

En un carril paralelo a la investigación judicial por la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno suma otro frente de tormenta en el Congreso de la Nación. Con conversaciones dentro del interbloque Cambiemos, el ministro de Justicia, Germán Garavano, negocia una salida al próximo vencimiento de la ley contra los desalojos en tierras indígenas, en un debate colateral que se desató este jueves en el Senado.

 

Se trata de la Ley 26.160, sancionada en noviembre de 2006, que declaró por cuatro años la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país,”. Desde su sanción, la norma se prorrogó sucesivamente, y caducará el próximo 23 de noviembre si el Parlamento no aprueba un nuevo plazo de gracia.

 

Quien advirtió sobre el tema fue Fernando “Pino” Solanas, en su faceta de activista por los derechos de los pueblos originarios. El senador de Proyecto Sur pidió votar la prórroga en la sesión de este jueves, pero Cambiemos se negó. “Hay que buscar un procedimiento que le resuelva la vida a las comunidades aborígenes. Esto empezó en 2006. Estamos en 2017 y la prórroga sobre prórroga, sobre prórroga, ¿a quién beneficia?”, cuestionó el jefe del interbloque oficialista, Ángel Rozas. El tratamiento sobre tablas resultó con 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones.

 

 

Avalado por el jefe del bloque mayoritario, Miguel Pichetto, Rozas pidió “un tiempo razonable”, posiblemente hasta fin de mes, “para encontrar un procedimiento adecuado que nos sirva a todos”. Tiempo en el que Garavano buscará convencer a senadores -y hasta gobernadores- que promueven la prórroga de sancionar una ley integral, en un nuevo gesto del Gobierno para mostrarse activo mientras la Justicia investiga el caso Maldonado.

 

“El panorama viene muy complejo. Hay propuestas de prórroga y propuestas de derogación de la ley actual, con una nueva ley que mantenga todas las garantías de los pueblos originarios, pero que institucionalice un mecanismo de designación de representantes de comunidades originarias. Hay muchos elementos que deben analizarse en el bloque antes de emitir cualquier opinión”, confió a Letra P un legislador oficialista.

 

¿Cuál es el significado de la emergencia? Según la ley, durante su vigencia quedan suspendidas “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de propiedad indígena.

 

Sin embargo, ley contempla sólo aquellos terrenos “cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, o aquellas preexistentes”. Y según advirtió “Pino” en un dato central, “de las 1.500 comunidades indígenas que tenemos en la Argentina, solamente a 459 se les ha concluido el relevamiento de sus tierras y de sus propiedades”.

 

A pesar de haber rechazado el tratamiento de la prórroga sobre tablas, el Senado acordó darle preferencia al tema en la próxima sesión, que sería a fin de mes. Hay en danza proyectos presentados por las kirchneristas Nancy González y Anabel Fernández Sagasti, y también de la pampeana Norma Durango -que responde al gobernador Carlos Verna- y Magdalena Odarda (Coalición Cívica), aliada de Solanas. En su mayoría, proponen la prórroga de la ley de emergencia hasta el año 2021.

 

En Diputados también hay al menos siete iniciativas, propulsadas por el Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y una de un radical, Alejandro Echegaray. Fuentes consultadas por este medio no descartan que la discusión se desate en los próximos días, como coletazo del caso Maldonado.

 

“Hay una lamentable campaña mediática de desvalorización y desprestigio del pueblo mapuche, muy atizada en los medios de comunicación y, sorprendentemente, por muchos comunicadores”, denunció “Pino” ante el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien este miércoles asistió al Senado a dar su informe de gestión.

 

El legislador sostuvo que “acá no hay un conflicto con el pueblo mapuche: hay un conflicto con el Estado nacional y con las gobernaciones, porque no se respeta la Constitución Nacional ni el Código Civil”. “Los dos, inclusive la Organización Internacional del Trabajo, reconocen la necesidad de reconocer la propiedad y dominio de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”, puntualizó, y concluyó con una dura sentencia: “¡Acábenla con las campañas discriminatorias y con empujar a los medios para que las sigan!”.

 

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Daniela Ortíz, directora de Seguridad Vial en el gobierno de Javier Milei

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