Tras las PASO, el Gobierno amenazó con congelar los fondos de la emergencia social. Pero ante el riesgo de un desborde, reabrió la negociación. Las dos vertientes en el Gabinete y la sombra del G 20.
De la peor reunión en 21 meses de mandato a la negociación en poco más de 72 horas. En una voltereta que delata un plan frustrado del Gobierno, la política oficial en relación a los movimientos sociales giró 180 grados esta semana. Todo indica que terminará después de la cita de este jueves en una nueva tregua, más acorde con la historia de entendimiento entre el macrismo y las organizaciones que representan al sector informal de la economía.
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En representación del presidente Mauricio Macri, tres funcionarios importantes se mostraron en una posición que parecía irreductible. Pasaron de discutir cuánto habían pagado a anunciar que no iban a continuar con la ejecución presupuestaria. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la más conciliadora desde siempre, quedó opacada por la actuación de su par de Trabajo, Jorge Triaca, que tuvo el aval del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
Los enviados del Presidente se plantaron en una postura intransigente que desembocaba en dos argumentos que nunca antes habían utilizado: la economía está mejor y tenemos el respaldo de los votos.
Aunque se discutía sobre las partidas que la Casa Rosada había destinado para cumplir con la ley de emergencia social en lo que va del año, los enviados del Presidente se plantaron en una postura intransigente que desembocaba en dos argumentos que nunca antes habían utilizado: la economía está mejor y tenemos el respaldo de los votos.
Lo escucharon con asombro Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Juan Grabois, del MTE, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Freddy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa; y Cristian Romo, del Movimiento La Dignidad. Todos lo entendieron como una “provocación”, que escondía una ruptura unilateral del diálogo por parte del Gobierno.
Flotaba en el aire la posibilidad de una represalia oficial por haber sido parte sustancial de la marcha de la CGT hacia Plaza de Mayo, la semana posterior a las PASO.
Quintana, parte del gabinete social al que le gusta consensuar con la CTEP, también avaló la mano dura que ensayaban los representantes del Poder Ejecutivo. Era parte de un intento de alumbrar un nuevo poder de Cambiemos después del triunfo en las PASO, hace casi un mes.
EL DESHIELO. Aunque desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron a Letra P que la tensión en la reunión del viernes “no fue tanta” y “el diálogo” siempre estuvo abierto, las organizaciones sociales salieron con el plan de rodear las cadenas de los hipermercados en todo el país esta semana. Ese programa fue refrendado el lunes en una asamblea en la sede de la CTEP.
La respuesta oficial provino una vez más de Stanley. El martes último, el teléfono de Juan Grabois volvió a recibir un llamado en busca de acercar posiciones. Después, hubo otro contacto entre el referente que tiene línea directa con el Papa Francisco y la hija del ex presidente del Citibank que abrió la puerta a dos instancias de negociación.
Ayer, en Desarrollo Social, un grupo de dirigentes entre los que estaban Gildo Onorato del Movimiento Evita y Daniel Menéndez de Barrios de Pie se reunieron con la mano derecha de Stanley, Carlos Pedrini, el secretario de Gestión y Articulación Institucional de la cartera social. Llegaron a un acuerdo que intentará ser refrendado este jueves por las autoridades políticas, en una reunión que puede ser el reverso de la del viernes último.
Onorato y Menéndez coincidieron ante la consulta de Letra P: el giro del Gobierno fue evidente. “El resultado electoral los envalentonó. Pero el lío en que se metieron con lo de (Santiago) Maldonado y la represión, los complicó”, evalúa el dirigente de Barrios de Pie.
Sin dudas, algo cambió en los últimos días. A la represión en la marcha por Santiago Maldonado y la detención plagada de irregularidades de 31 personas, se sumó la peor noticia para el gobierno: el ADN negativo del puestero mapuche que –según la principal hipótesis oficial- había herido al artesano desaparecido. Los focus group terminaron de gatillar el giro del Presidente, que ordenó descomprimir la tensión en todos los frentes.
Las organizaciones salieron con el plan de rodear las cadenas de los hipermercados en todo el país esta semana. Ese programa fue refrendado el lunes en una asamblea en la sede de la CTEP.
Según le anticipó Grabois a Letra P, lo que se firmará en Desarrollo Social incluirá un aumento del 47 por ciento de las partidas que se destinan a la Emergencia Social. “Son muchos miles de trabajadores que van a recibir el Salario Social Complementario y –algo que no está en la ley- un bono de fin de año para alrededor de 400 mil personas, incluidas las que perciben el plan Argentina Trabaja”.
EL FRACASO DE LA MANO DURA. Aunque parece haber quedado en suspenso por el momento, la postura intransigente que –según coinciden los dirigentes sociales- desplegaron los ministros de Macri tiene varias explicaciones. Primero, el intento del Gobierno de ejercer el poder y empezar a desplegar un proyecto propio, menos atento a la conciliación, a partir del respaldo que Cambiemos cosechó en las primarias agosto y espera ver ratificado en octubre. Segundo, el ajuste que pide el Presidente en las cuentas públicas en el Presupuesto 2018 que en menos de diez días la Casa Rosada enviará al Congreso. El dato ya circula: Macri quiere reducir partidas por entre 90 mil y 100 mil millones de pesos.
Sin embargo, ajustar en el segmento más pobre no estaba en el manual que dibuja el oficialismo, por lo menos hasta ahora. “En esto no pueden reducir ni medio centavo. Primero, porque la ley establece un piso; y segundo, porque no hay margen social para hacerlo. No se puede demonizar a las organizaciones sociales porque eso engendra más violencia”, dice Grabois. Con esos mismos argumentos suele predicar ante los funcionarios, con mayor o menor resultado. “Más que un problema, las organizaciones somos una solución para el Estado”, agrega Onorato.
Según las estimaciones de las organizaciones sociales, el Gobierno cumplió hasta el momento sólo con el 30 por ciento del presupuesto que la ley prevé para este año. Según la Casa Rosada, el desembolso ya ronda el 70% de lo pactado. La diferencia se explicaría porque el Gobierno incluye programas sociales preexistentes del Ministerio de Trabajo y los toma como parte de los fondos destinados por ley a la emergencia: 10 mil millones de pesos por año hasta 2019.
Los detalles del acuerdo se conocerán recién este jueves, pero reponen en escena el marco de negociación del macrismo con su oposición social, indudable aliada en el primer año de Cambiemos en el poder. Esa propensión al acuerdo es la que le generó tanto al Gobierno como a la CTEP la crítica de sectores cercanos o afines con el mismo argumento: el de haber cedido demasiado. En un caso, fondos; en el otro, paz social o legitimidad política.
Para Grabois, hay una discusión entre dos sectores dentro del Gobierno: los que quieren desplegar un abordaje represivo ante lo que consideran el “descarte social” y los que pretenden darle un abordaje de contención. “Se dieron cuenta de que la actitud cuasi fascista que encarna (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich y el endurecimiento del gabinete social puede rendir en el corto plazo pero atenta contra la gobernabilidad”, concluye ante Letra P.
Como sea, hay un elemento más que ya aparece en el horizonte y que también influye en el giro del Gobierno. La cumbre del G 20 que se realizará en Buenos Aires a fin de año, un escenario propicio para la puesta en escena de la lluvia de inversiones, que la Casa Rosada no quiere ver empañada con protestas multitudinarias de los pobres en las calles.
