¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?

Puertas adentro del Gobierno porteño, respaldo político pleno a la Policía

Larreta justificó la represión. No hubo quejas para el jefe de la fuerza ni para el ministro de Seguridad. El análisis PRO: la marcha fue "política" y los detenidos se comportaron como "salvajes".

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no atraviesa ninguna crisis por la represión de la Policía de la Ciudad en el final de la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Tampoco sintió un cimbronazo por la detención de 30 personas y las denuncias de organismos de Derechos Humanos. Todo lo contrario. Puertas adentro de la Jefatura de Gobierno, sostienen que las fuerzas de seguridad se ajustaron a reglamento e intervinieron para “defender” el patrimonio público y la integridad de los efectivos que se encontraban en inmediaciones de la Plaza de Mayo.

 

El propio jefe de Gobierno defendió el accionar policial y cuestionó las pintadas en el edificio histórico del Cabildo y los destrozos en las calles linderas que, según la administración porteña, demandarán cerca de seis millones de pesos en arreglos. Horas después de la movilización, durante una reunión con vecinos en el barrio de Pompeya, el alcalde habló de “los hechos más violentos de los últimos años” y una mujer le reclamó por “los destrozos”. Al principio, el PRO planteó una discusión “patrimonialista”, aunque Rodríguez Larreta se encargó de aclarar que “todos los argentinos estamos preocupados por Santiago Maldonado” y que la mayoría de quienes participaron en la manifestación lo hicieron de forma pacífica.

 

De acuerdo a la versión del Gobierno porteño, los efectivos de la flamante Policía de la Ciudad “respondieron” a “ataques” de un grupo de personas que previamente habían “cometido hechos vandálicos”. “No íbamos a estar impasibles mientras rompían los bienes de la Ciudad y atacaban a la Policía”, justificaron en Uspallata 3160, sede oficial de la administración local desde que Mauricio Macri mudó su despacho de Bolívar 1 al sur del distrito.

 

Un funcionario del gabinete porteño explicó que las fuerzas de seguridad avanzaron “porque no estaba comprometida la seguridad de terceros”. “La Policía es atacada por un grupo de salvajes que les tiran piedras. Eso es intimidación pública”, argumentó.

 

“Termina una marcha que consideramos tiene un reclamo justo, pero hay un grupo que se queda porque quería pelearse con la Policía y comenzó a lanzar objetos contundentes”, reconstruyeron fuentes oficiales.

 

El accionar policial quedó en el ojo de la tormenta por varias razones. Organismos de Derechos Humanos denunciaron “infiltrados” y, lo que se pudo constatar en filmaciones subidas a redes sociales, la actuación de efectivos sin identificación. Esto último va a contramano de lo que establece el artículo 100 de la Ley N°5688, que creó los parámetros de la Policía de la Ciudad, tras una fusión entre la Metropolitana y la Federal que dio su primer avance con el traspaso firmado por el presidente Mauricio Macri y Rodríguez Larreta en 2016. En esa misma norma, y también en el Capítulo V (Uso de la fuerza directa en concentraciones públicas), se indica que los uniformados no pueden portar armas letales en manifestaciones públicas.

 

“Hay un hecho objetivo: hubo gente que atacó policías y hay 15 efectivos heridos. No hay que naturalizar que un policía salga herido de una marcha. Es un delito y el delito se repele”, justificaron en la gobernación porteña.

 

 

 

La posición sobre la posibilidad de que el Gobierno haya diseminado “infiltrados” en la marcha es de rechazo tajante: “Son especulaciones políticas. La teoría de los infiltrados es más vieja que la política misma. No tiene sustento”, dijeron.

 

Organismos de DDHH alertaron sobre esa situación y la abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, consideró, en diálogo con El Lobby, que “eso de pudrir movilizaciones, cuando no te conviene que la masiva movilización fuese tapa de diario, es un viejo truco”. En una entrevista con Radio La Red, Larreta explicó que en estos casos “se hace un sumario interno para determinar la actuación de cada uno de los policías”. “Es parte de lo que se investiga”, acotó y concluyó que, “hasta que se demuestre lo contrario”, la Policía de la Ciudad actuó dentro de la ley.

 

Los cuestionamientos a la Policía porteña acumulan expedientes en la Legislatura porteña. El kirchnerismo, la izquierda y monobloques opositores al PRO redactaron proyectos de lo más variados: repudio a la represión, pedidos de informes por la actuación de los efectivos y la repetida (e infructuosa) interpelación al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo. Además, el legislador peronista Gabriel Fuks quiere que el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, brinde explicaciones sobre el trabajo de sus dirigidos en la noche del viernes 1 de septiembre en el marco de la Comisión de Seguimiento del traspaso de la Federal.

 

El oficialismo responderá con expediente propio y hará pesar su mayoría: los diputados de Elisa Carrió y Graciela Ocaña firmarán un texto conjunto para repudiar “actos vandálicos”, pedir que no se politice la causa y que avance la investigación para conocer el paradero de Maldonado. Sería el debut del interbloque Vamos Juntos con una postura unificada sobre un tema de actualidad sobre el que se cruzan todos los sectores. La campaña comenzará mucho antes de lo que indica el cronograma electoral  y el jueves la sesión ordinaria de la Legislatura se transformará en un ring proselitista.

 

 

Es el escenario perfecto para el oficialismo. Los gobiernos nacional y porteño marcaron un mensaje conjunto en público: Cambiemos repudia los hechos de violencia, valora a quienes marcharon pacíficamente y advierte que hace lo indispensable para conocer la verdad sobre el joven artesano, desaparecido desde el 1 de agosto. En el comunicado que publicó en Facebook para dar su versión sobre la marcha y el accionar policial, Rodríguez Larreta se hizo eco de palabras del jefe de Gabinete de la Nación: “Como dijo Marcos Peña, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para entender qué fue lo que pasó y saber dónde está”. En esa línea va el expediente que los legisladores macristas comenzaron a firmar en la tarde de este lunes en el edificio de Perú 160 y que el alcalde quiere aprobado el jueves.

 

Puertas adentro del edificio de Uspallata 3160, creen que lo sucedido el viernes por la noche nos los perjudica en lo más mínimo. El oficialismo no se opondrá a una marcha para esclarecer el paradero de un desaparecido, pero aprovechará las imágenes de los destrozos para machacar con la polarización. Se trabajará por vincular a los destrozos con “el pasado”, la oposición política o, lisa y llanamente, con el kirchnerismo.

 

Como cada tema porteño que se nacionaliza, en el marco de una campaña en la que el PRO y el kirchnerismo fomentaron esa estrategia, resta saber qué actitud tomará el bloque de diputados de Martín Lousteau. La seguridad es un tema sensible para Rodríguez Larreta y ocupa el puesto uno del ránking de “preocupaciones” de los porteños, según los focus group que se analizan en la sede de Parque Patricios. En cada oportunidad que se puso en cuestionamiento la flamante fuerza, obra de su gobierno tras la aprobación de la Ley N°5688, el alcalde salió en defensa de la fuerza y su integridad: pasó con la represión a docentes en Congreso y con la investigación sobre “asociación ilícita” que se abrió sobre el primer jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar.  Tras la detención del uniformado, lanzó una batería de medidas para combatir la inseguridad.

 

Martín Menem.
kicillof les tira un salvavidas a intendentes de todas las tribus (menos del pro)

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