EL CONTROL DE LA CALLE

Docentes: la decisión de reprimir fue de Larreta y Macri lo dejó solo

La Casa Rosada se desentendió del accionar policial, aunque Baradel responsabilizó al Presidente. Santilli y el defensor del pueblo negocian la instalación de la “escuela itinerante”.

La orden de reprimir a los docentes que intentaban montar una “escuela itinerante” en la Plaza de los Dos Congresos emanó de lo más alto del Gobierno porteño: Horacio Rodríguez Larreta, amparado en la “ilegalidad” de la actividad, instruyó al Ministerio de Justicia y Seguridad para que movilizara a la nueva Policía de la Ciudad y desalojara a los maestros, que estaban acompañados por legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria.

 

Los propios dirigentes gremiales, entre ellos el líder de Suteba, Roberto Baradel, hicieron hincapié en la figura del presidente Mauricio Macri como impulsor del acto represivo, pero el titular del Ejecutivo Nacional dejó en soledad a su sucesor en la Ciudad, que admitió en privado a distintos funcionarios porteños que tomó la decisión tras la “resistencia” de los docentes.

 

En la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, se enteraron por medio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyos funcionarios intentaron disipar la construcción de la carpa de los maestros por la tarde, labraron un acta de infracción y luego dieron aviso a Uspallata 3160. Sin embargo, cuando los efectivos policiales se aproximaron a la Plaza, explicaron que fueron alertados por la cartera que conduce Eduardo Macchiavelli, aunque no tiene poder para movilizar a las fuerzas de seguridad. El ministro se encuentra de vacaciones desde hace varios días, por lo cual el conflicto recayó en la subsecretaria de Uso del Espacio Público, Clara Muzzio.

 

La funcionaria dio la primera versión oficial: se trató de una actividad ilegal, sin el permiso correspondiente, y el Gobierno actuó a reglamento. La declaración fue cruzada por los gremios docentes, que indicaron que habían comunicado la iniciativa con antelación y debidamente. Existen actividades que, por cuestiones de agenda o burocracia estatal, no pueden ser habilitadas en tiempo y forma y la administración porteña y quien solicite una porción del espacio público llegan a un acuerdo informal que es avalado por las fuerzas de seguridad aunque no conste en los papeles del Ministerio. “Ni siquiera pensaron en esa opción”, rugen desde la gobernación capitalina.

 

Larreta tomó la decisión de reprimir y desalojar la carpa docente al tiempo que designó a Diego César Santilli como vocero, tal cual hace ante cada conflicto sensible: Time Warp, el ejemplo más claro. El vicejefe de Gobierno salió rápido a contrarrestar la información de los docentes, avaló lo dicho por Muzzio y recibió un llamado telefónico: el defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, le pidió resolver la situación “cuanto antes”.

 

Curiosamente, dos peronistas le allanaron el camino a Larreta: acordaron juntar y sentar a las partes para que los docentes puedan instalar la estructura y montar la escuela itinerante. En la tarde de este lunes, el titular de la Defensoría instruyó a los abogados del organismo para que trabajasen en conjunto con los gremios y los funcionarios de Espacio Público para que la carpa cumpla con todos los requisitos legales. Santilli y Amor lograron que el gremio docente más fuerte de la Ciudad, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), a cargo de Eduardo López, aceptase la propuesta y bajara el foco de tensión. Las tres partes llegaron a reconocer que el pedido no cumplía con los pasos correspondientes.

 

En paralelo, el organismo autónomo hizo hincapié en repudiar la represión, al igual que los opositores al PRO en la Ciudad: el Frente para la Victoria y el Partido Socialista presentaron proyectos de repudio y pedidos de informes sobre el accionar policial.

 

El alcalde, como sucedió con Time Warp, optó por el silencio y delegó en Santilli la comunicación de la posición oficial, tras la ausencia de Macchiavelli y el abandono del Gobierno nacional, cuyos funcionarios niegan haber ordenado movilizar a las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se encontraba por esas horas en San Nicolás, participando del lanzamiento de la Juventud Nacional de Unión por la Libertad, el partido que conduce y que es aliado del PRO desde hace años.

 

En tanto, Macri viajó hacia Tucumán para visitar a los afectados por las inundaciones. Fue el primero que se desprendió del tema y delegó el conflicto en Larreta y la flamante Policía de la Ciudad, que nació tras la fusión de la Metropolitana con la Federal traspasada. En los vídeos publicados en redes sociales y las imágenes que tomaron los medios televisivos, se puede ver indumentaria y vestimenta de fuerzas federales, pero se trata de los uniformes de la Policía porteña que Larreta aún no pudo modernizar debido a que se encuentra en trámite el proceso de compra.

 

No obstante, el kirchnerismo denunció la presencia de fuerzas de seguridad nacionales en el acto represivo y así lo dejó explícito en el pedido de informes, en el cual se le solicita al Gobierno de la Ciudad que esclarezca qué fuerzas actuaron y qué roles tuvieron en la tarde del domingo. Fuentes del FpV aseguran que hubo presencia de la Gendarmería y que se vivió un clima similar a la marcha del 8M: conflicto entre fuerzas de seguridad. En la Casa Rosada y en la calle Uspallata lo niegan y aclaran que la Policía porteña “hizo lo que tenía que hacer”.

 

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