“Nosotros le hemos puesto reglas al señor Medina y su gente, porque, cuando llegamos, el Ministerio de Trabajo era una escribanía”, afirmó el titular del área de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en relación a la detención del secretario general de la Uuocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, ocurrida la noche del martes.
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“Venían los empresarios después de haber pasado por sesiones de ablande con la Uuocra, donde se violaba la libertad de contratación, de empresa y de los trabajadores, que también estaban obligados a seguir esas reglas”, remarcó el funcionario del equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal.
En diálogo con Radio Mitre, el ministro afirmó que esta gestión “le puso las reglas a Medina y su gente”.
"Nadie está preso por defender los derechos de los trabajadores. Y yo, como laboralista, tampoco lo permitiría", remarcó Villegas en ese sentido.
El ministro habló de “connivencia” del poder político con este referente sindical y agregó: “Se le permitió hacer todo, porque después eran los señores que se subían a los micros y llenaban los estadios para hacer actos políticos, porque ha habido una connivencia entre buena parte de la dirigencia política, el sindicalismo y hasta algunos jueces que han mirado para otro lado”.
Respecto a la causa judicial y la situación concreta de la obra pública en La Plata, Villegas afirmó que “la ciudad tiene paralizadas obras públicas y privadas; se exigían cuotas adicionales llamadas cuotas camping porque se desviaba el dinero para esas construcciones y se inducía la contratación de determinadas empresas para que presten servicios en las obras".
"Todo esto hace que en la industria de la construcción en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada tenga un 40 por ciento más de costo el metro cuadrado y que hoy una ciudad como La Plata, que debería tener 600 o 700 obras en curso, tenga menos de 80 y trabajando a escondidas, teniendo que cerrar las obras hasta nuevo aviso”, añadió el ministro de Vidal.
“Para dar un ejemplo, en YPF las obras que tiene que ejecutar el Gobierno entre 2017 y 2023, si aplica el convenio que exige la UOCRA, significaría 300 millones de dólares más de costo”, aseguró.