Nadie quiere dar el brazo a torcer. El Gobierno de La Pampa, comandado por Carlos Verna, y el gobierno de Mauricio Macri están enlazados en una guerra política y financiera por 3.800 millones de pesos. El conflicto empezó a gestarse tras la firma del decreto 894 del 2016, reglamentario de la ley de Reparación Histórica, que ordena el avance hacia la armonización de las cajas provisionales de aquellas provincias que aún sostienen el control de su sistema jubilatorio. El decreto exige auditorías y la firma de convenios para acordar las condiciones en que la Nación cumplirá con la cobertura del déficit de esas cajas, como ordena la ley vigente, y cómo será la adecuación de los sistemas provinciales. Esa guerra se prepara hoy para trasladarse al terreno judicial.
La tumultuosa relación entre Verna y Macri tocó su pico máximo tras la multa que, denuncia el Ejecutivo pampeano, le aplicó el Gobierno nacional “por no bajar las jubilaciones”. Según detalló a Letra P el ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, el Estado nacional le adeuda a la provincia casi 3.800 millones de pesos en materia previsional y no muestra intenciones de saldar esa deuda.
Este medio describió cómo La Pampa se negó a transferir las cajas previsionales a la Nación y estableció que las jubilaciones se pagan al 82 por ciento móvil, actualizándose con el mismo porcentaje de recomposición salarial que obtienen los trabajadores activos. Representantes de la Casa Rosada, en cambio, advierten que por la negativa a avanzar en el proceso de armonización de Verna se complica la posibilidad de un arreglo. De fondo, lo que subyace es la situación de varias provincias que pelean con la administración central sus recursos previsionales.
Según voceros de Casa Rosada consultados por Letra P, se tomó la decisión de no enviar la totalidad del saldo deficitario de la caja previsional pampeana, correspondiente al 2016, porque esa provincia nunca cumplió con el proceso de armonización de su sistema al nacional. Igualmente remarcan que, en 2015, fue una de las pocas provincias a la que sí se le financió el rojo total de su caja jubilatoria.
Esta situación terminó de forjar la decisión del gobierno pampeano de llevar la disputa millonaria a tribunales. Voceros del Ejecutivo provincial confirmaron a Letra P que el fiscal de Estado, José Vanini, ya tiene instrucciones de Verna de redactar la presentación ante la Corte Suprema. Con la esperanza de un fallo favorable, como el que ya obtuvieron Córdoba, Santa Fe y San Luís.
El artículo 27 del decreto reglamentario de la ley de Reparación Histórica establece que debe realizarse “el proceso de armonización normativa en un plazo no mayor a cuatro años”. En tal sentido, se describe, el Estado Nacional “suscribirá convenios bilaterales anuales con cada provincia por los que, a través de Anses se otorgará la asistencia financiera de los ejercicios 2017 a 2020, inclusive”.
Dicho financiamiento, aclara, surgirá “de los resultados financieros globales auditados” y “se realizará tomando en consideración el grado de avance alcanzado por cada provincia”.
El conflicto llegó a un alto punto de ebullición, que hasta el diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, alfil del secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, se cruzó con una periodista.
HISTORIA. En los noventa, recuerda Franco, la Nación aceptó hacerse cargo de las cajas provinciales, la mayoría deficitarias en ese momento. Pero muchas provincias no pudieron o no quisieron formar parte de ese plan. A finales de 1999, se comenzaron a financiar el déficit de los sistemas provinciales -sin que se cambiara la normativa aceptada- a días que asumiera la Presidencia Fernando De la Rúa.
Al comienzo de la actual gestión, explica el ministro, se adeudaban los déficit de 2009 en adelante, solicitando auditorías desde dicho año. El Gobierno nacional canceló la deuda de 2015 y adelantó 400 millones de pesos del 2016. “Hasta el 2008, se había financiado. Hay un período que no se cumple, cuando iniciamos reclamamos al gobierno. Cuando empezó la auditoría del 2015, se pagó. Pero, cuando se inició la de 2016, plantean que nos deben multar porque no bajamos las jubilaciones”, le cuenta Franco a Letra P. El acuerdo federal, ratificado en la ley 25.235, es la base en la que se sustenta el discurso del equipo de Verna. “Después, se firmaron acuerdos y (se aprobaron) leyes provinciales. No hablamos locuras”, repite.
La hoja de ruta del nuevo conflicto, que termina en un plan judicial de La Pampa, se inicia en las negociaciones de Verna y el ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio. “No hubo respuesta, por eso el fiscal de Estado tiene instrucciones de llegar hasta la Corte Suprema”, insiste el funcionario. Este, entre otros temas, unifica a Verna con dirigentes de su región que ya piensan en 2019. "Nosotros no aceptamos la multa, el déficit que tiene que solventar se sustenta en lo firmado", recuerda.
PRESIÓN. “Esto es ideológico, es como que yo firme un contrato y no lo quiera cumplir. Faltó presión del anterior Gobierno provincial, pero esta administración cambió desde el punto de vista ideológico”. La palabra de Franco explica los problemas que tiene la gestión. “No resignaremos derechos”, vuelve a plantear.
Los derechos que defiende, entre otros, es la ratificación del 82 por ciento para los jubilados. Según describe, “la Nación solventa –el déficit, hasta cubrir el equivalente a– el 75 por ciento” y, el resto (7 por ciento), corre por cuenta de La Pampa. “Al fiscal le actualizamos la deuda en función del régimen nacional y nos da casi 3.800 millones de pesos (más de 7 años de deuda previsional). Hoy, el déficit lo está solventando la provincia, porque la caja no se transfirió a la Nación”, recuerda.
“Yo me arrodillo ante Dios y no ante Macri”, respondió Verna a los planteos del Presidente sobre la influencia que tiene en el Congreso, y complicó un poco más la solución del conflicto.
