El gobernador pampeano, Carlos Verna, decidió demandar a la Nación luego de que el gobierno de Mauricio Macri le aplicara una multa de más de 300 millones de pesos por “no bajar las jubilaciones provinciales ni aplicar la movilidad nacional”, se informó en un comunicado oficial.
La Pampa fue una de las pocas provincias que no transfirió las cajas previsionales a la Nación y estableció que las jubilaciones se pagan al 82 por ciento móvil y se actualizan en el mismo porcentaje de recomposición salarial que obtienen los activos.
En el comunicado se indicó que “el Gobierno nacional, mediante varios acuerdos, ratificados por leyes nacionales y provinciales, se comprometió a contribuir al financiamiento de los Regímenes de Previsión Social para el Personal Civil y Docente, así como del Sistema de Retiros de la Policía de la Provincia, cubriendo los déficit previsionales".
Se remarcó que en el caso de la caja policial, el compromiso era una cobertura total, y en el resto "teniendo en cuenta el 75 por ciento de los haberes, ya que el 7 por ciento restante es cubierto por el Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente, administrado por el ISS”.
"Al comienzo de la actual gestión se adeudaban los déficit de 2009 en adelante, habiendo solicitado las auditorías desde dicho año, comenzando el Gobierno federal por el año 2015 y 2016, habiendo cancelado la determinación del año 2015 y adelantando $400 millones del año 2016”, añadió el comunicado.
Y agregó: “Pero al reclamar la deuda según la auditoría del año 2016, el Gobierno federal, a través del ANSES, cambió el criterio, y aplicó una multa del 40% ($332.000.000), por no haber bajado los haberes jubilatorios ni aplicado la movilidad nacional".
"Es la primera vez en la relación Nación-Provincia, con el tema previsional, que se nos quiere aleccionar a fin de producir la baja de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y su sistema de movilidad, y adecuarlo al vigente a nivel nacional”, se quejó el gobierno pampeano a través de un escrito difundido por la Subsecretaría de Medios provincial.
“No ha entendido este Gobierno que la Nación, en los acuerdos de gestiones anteriores, y que ellos mismos han ratificado mediante la firma por el ejercicio 2015 y adelanto del 2016; que es un sistema de contribución al financiamiento de nuestro sistema, al no haber transferido el sistema como otras provincias; y no una aplicación de la normativa nacional, ya que todas las diferencias de normativas a favor del jubilado actual y futuro son soportadas por el sistema, a través del Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente y, en su caso, rentas generales para el Policial”, especificaron.
Por esas razones, Verna aseguró que no piensa “bajar las jubilaciones actuales y futuras, ni cambiar su sistema de movilidad” y adelantó que exigirá el cumplimiento de las “obligaciones asumidas por el Gobierno Federal en iguales condiciones que las que se han exigido a la fecha”.
E instruyó al Fiscal de Estado, mediante el dictado del Decreto Nº 2198/17 del día 21-07-2017, a “iniciar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para exigir el cobro no solucionado a través de las vías administrativas y políticas”.
Cuando Verna asumió en diciembre de 2015 aseguraba que la deuda previsional llegaba a los 4 mil millones de pesos, pero en el escrito oficial no se informó el monto que se reclamará.
La inclusión de la posibilidad de que el Gobierno nacional acordara con los gobernadores la sistematización del reintegro para cubrir el déficit de las cajas previsionales fue fundamental en 2016 para lograr la aprobación de la ley de blanqueo de capitales y pago de los juicios por actualización de haberes jubilatorios.
DYN