Autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), notificaron esta semana a los responsables de las cárceles y alcaidías de la Provincia, de la orden de redoblar la seguridad en cada dependencia.
La resolución, firmada el Director General de Seguridad, Gustavo García y el Director General de Coordinación, Horacio Falcones, se inspira en los hechos de violencia ocurridos el pasado jueves en La Plata.
Ese día, desconocidos, incendiaron dos coches ubicados en el ingreso de la sede del ministerio de Seguridad.
El ministro de esa cartera, Cristian Ritondo, había aludido a la gestión de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y su “lucha contra las mafias” como uno de los posibles motivos del atentado, y lo había dispuesto como una de las principales líneas de investigación.
Sin embargo, en el caso del SPB, que se encuentra intervenido desde hace casi un año, existen además otros condimentos para agregar.
En abril pasado, en el marco de la intervención, se decidió desplazar a más de 60 jefes penitenciarios y más de 800 agentes. Además de iniciarse muchos trámites sumarios.
A esto se sumó una reestructuración en el reparto de horas extras y viáticos.
Aunque desde el oficialismo indicaron que se trata de cambios tendientes a ordenar situaciones irregulares, se sabe que esta situación provocó un fuerte malestar en los sectores afectados.
La orden de reforzar la seguridad en las cárceles, parece buscar contener la posibilidad de algún problema mayor en las unidades.
En octubre de 2016, el entonces titular del SPB, Fernando Díaz, involucrado en una causa de corrupción cuando era Auditor General del Servicio Penitenciario Federal, fue desplazado de su cargo.
Díaz había sido llamado a prestar declaraciones en la causa y era cuestionado por las autoridades de la Comisión Provincial Por la Memoria.
La salida del jefe penitenciario fue acompañada por la intervención del Servicio, que quedó a cargo del Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric.
Se realizaron además cambios en la estructura, y se pasaron a retiro más de cien agentes del Servicio.
En febrero pasado, la gobernadora decidió extender por 90 días más la intervención (decreto 79/17).