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Con el jury iniciado al fiscal Cartasegna ya son tres los funcionarios judiciales en la mira del Ejecutivo provincial que tienen pedido de investigación con aval del máximo tribunal bonaerense.
Por 24/08/2017 18:05

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires le dio dos buenas noticias a la gobernadora María Eugenia Vidal en menos de 24 horas: en sintonía con el discurso oficialista de tolerancia cero a la corrrupción, el máximo tribunal ordenó que se investigue al fiscal que no apeló el sobreseimiento de Daniel Scioli y su titular, Hilda Kogan, apoyó la apertura del jury al fiscal desplazado Fernando Cartasegna, confirmaron fuentes del jurado a Letra P.

Por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento de magistrados -dominado en su mitad política por Cambiemos y el Frente Renovador, la alianza que garantiza la gobernabilidad en la provincia desde el 10 de diciembre de 2015- decidió este jueves, en una audiencia que se desarrolló en el Senado bonaerense, abrir las investigaciones para Cartasegna y ordenó la instrucción de un sumario por las causas iniciadas por los fiscales Álvaro Garganta, Betina Lacki y Ana Medina y por la denuncia formulada por el procurador general PRO Julio Conte Grand.

En tanto, en su acordada de este miércoles 23 de agosto, la Suprema Corte le ordenó al jefe de los fiscales que arbitre los medios para investigar al fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini, por su actuación en la causa que derivó en el sobreseimiento del ex gobernador Scioli, quien fue absuelto en la causa por "enriquecimiento ilícito" en la que había sido denunciado por el abogado platense Rafael Velischek.

Además, el 5 de julio pasado, en su resolución 1425, la Suprema Corte dejó sin efecto una resolución que liberó a Mariano Bruera y a otros ex funcionarios municipales de La Plata y también ordenó a Conte Grand que se habilite una investigación penal sobre el juez Martín Ordoqui, uno de los magistrados que había avalado la libertad de los acusados, hoy nuevamente en prisión.

 

Fiscal Fernando Cartasegna, en problemas.

 

A JUICIO. Tras la resolución del jurado de enjuiciamiento, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires tendrá 90 días para hacer el sumario, tras lo cual deberá dar traslado a la parte denunciante para que ratifique la acusación y luego al denunciado para que en 30 días haga su descargo.

En forma simultánea, el jurado analizará el apartamiento preventivo de Cartasegna solicitado mediante una medida cautelar presentada por Conte Grand y lo resolverá en una audiencia que se realizará el 24 de septiembre.

El titular de la Secretaría Permanente, Ulises Giménez, detalló que “cuando esté la admisibilidad de la acusación, se decide la suspensión. Y una vez que se lo suspende, quedan habilitados los fiscales a tomarle declaración indagatoria. Luego sigue la etapa de prueba y el juicio oral”.

Según la denuncia de Conte Grand, Cartasegna cometió los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del cargo e incumplimiento de promover la persecución y represión”.

Cartasegna estuvo al frente de la UFI 4 de La Plata hasta el 3 de mayo último, cuando fue licenciado por la Procuración luego de ser atacado en su despacho en una posible represalia por causas que investigaba.

Sin embargo, una auditoría realizada luego en su fiscalía detectó graves anormalidades en el funcionamiento de la dependencia, lo que motivó una denuncia penal ante el fiscal Garganta, quien citó a Castasegna a indagatoria, trámite que no puede ejecutarse hasta tanto sea suspendido por el Jury.

 

Fiscal Jorge Paolini, también en problemas.

 

EN LA MIRA. El proceso a Cartasegna parece allanado, pero también la Suprema Corte bonaerense le pidió al Procurador General que investigue el desempeño del fiscal Paolini, quien intervino en una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Scioli.

El pedido del máximo tribunal tiene por objeto determinar si el magistrado no avanzó deliberadamente en la pesquisa que permitió los fallos absolutorios del actual candidato A diputado por Unidad Ciudadana.

La acordada, que lleva la firma de los jueces Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari y Luis Esteban Genoud, rechazó, además, un recurso de queja que había presentado el abogado Marcelo Peña, del partido Es Posible Buenos Aires, contra la absolución de Scioli.

Cabe recordar que Peña presentó lo que técnicamente es un “recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley” contra un fallo de la Cámara de Casación del 29 de septiembre pasado y recurrió a la Suprema Corte de Justicia contra el ex mandatario bonaerense.

En aquella oportunidad, el Tribunal rechazó un recurso del abogado para mantener abierta la causa por presunto enriquecimiento, luego de que el ex candidato a presidente de la Nación resultara absuelto en octubre de 2015 por el Juez de Garantías platense Pablo Reale.

Se trata de la causa en la que, en un controvertido trámite exprés, el magistrado había dictado el sobreseimiento de Scioli poco antes de las elecciones en las que el entonces gobernador bonaerense compitió como candidato a la Rosada por Frente para la Victoria.

La denuncia fue iniciada a raíz de presuntas “incongruencias” en el patrimonio de Scioli y lo detallado en su declaraciones juradas durante las elecciones presidenciales de 2015.

Peña, que no es el denunciante original de la causa, que fue iniciada por Velischek, recurrió en queja a la Corte, un recurso que rechazó el máximo tribunal, que, de todos modos, puso el foco en la actuación del fiscal sobre cuyo trabajo se basaron las resoluciones de los jueces que exculparon a Scioli.

En su investigación, Paolini dio crédito a las pruebas presentadas por el contador de Scioli, sin solicitar ninguna pericia oficial sobre el patrimonio del ex motonauta. Con esas pruebas, el juez Raele no tuvo otro camino que la absolución, ya que, en la provincia de Buenos Aires, el titular de la investigación es el fiscal.

En diálogo con Letra P, Peña explicó que Paolini "ni siquiera pidió la asistencia de Fiscalía de Estado" entidad sobre la que consideró que "parece pintada".

"El fiscal Paolini no apeló la absolución y eso es lo que hoy se critica" en la resolución de la Corte, detalló el letrado.

Esta resolución de la Corte también puede ser decodificada en el Poder Judicial como un mensaje a quienes investigan delitos de corrupción: apelen hasta la última instancia.

 

El fiscal Marcelo Romero procesó este jueves a Patricia Isabel Tassano, ex ayudante del fiscal Fernando Cartasegna, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia obligatoria calificada por su condición de funcionaria pública.
Tassano fue a declarar como testigo, en el marco de la investigación por la desaparición del expediente del caso Miguel Bru, y terminó procesada. Deberá declarar el próximo 30 de agosto, según consta en el expediente al que accedió Letra P.
La funcionaria se dedicaba a la investigación de delitos sobre trata de personas. En su declaración testimonial, aseguró que esa fiscalía especializada se "pergenió para 'delinquir'" y, entre los delitos, enumeró cobro de coimas en allanamientos a prostíbulos y fraguar documentos públicos, siempre según el expediente judicial.