En la mira

El Fiscal de Estado bonaerense, al filo de un escándalo internacional

Fue denunciado ante la CIDH. Podría ser investigado por la justicia federal por su actuación en el pago de una millonaria expropiación sin sentencia, en detrimento de otro caso con condena firme.

Una millonaria expropiación pagada en 2012 por la provincia de Buenos Aires, que fue avalada por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, irrumpe en la agenda de investigaciones judiciales con la denuncia que fue presentada por una víctima de la dictadura militar. La acusación fue también impulsada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Además, la Cámara Federal de La Plata deberá determinar si el funcionario debe ser objeto de investigación penal. Una historia de dinero, políticos, dictadura y denuncias como un eje histórico en la provincia de Buenos Aires.

 

El 7 de agosto pasado, el ciudadano Daniel Paskvan presentó un escrito en el marco de la denuncia que Elisa Carrió realizó contra el ex gobernador Daniel Scioli  por “malversación” en el que informó que “sin sentencia judicial alguna y menos refrendada por Cámara, como se desprende de las atribuciones del Fiscal de Estado”, se autorizó el pago de 101 millones de pesos (unos 25 millones de dólares según la cotización de entonces de la moneda estadounidense) por la expropiación de la matalúrgica Wasserman y otros 56 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) por “honorarios” que son “muy superiores a los que se regulan judicialmente”, según consta en la documentación a la que accedió Letra P.

 

En su declaración testimonial, Scioli sostuvo que no firmaba ninguna autorización de pago sin que previamente contara con la rúbrica del fiscal de Estado.

 

La expropiación fue objeto de denuncia penal, no sólo contra Gómez. También fueron señalados Ricardo Casal (ex ministro de Justicia y Seguridad) y Martín Ferré (por entonces en Producción), funcionarios de la Fiscalía de Estado, empresarios y varios abogados, por los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación ilícita.

 

La última dictadura militar le arrebató a Daniel Paskvan, a su padre y a toda su familia sus empresas avícolas en Santa Fe y Buenos Aires. Inició demandas contra el Estado y hasta la Suprema Corte bonaerense le asignó la razón: debe ser indemnizado, concluyó.

 

En el año 2009, Paskvan denunció a Gómez por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y su complicidad con los que resultaran condenados por delitos de lesa humanidad”, expresó la víctima a este medio.

 

Pero las actuaciones fueron archivadas por el fiscal platense de Delitos Complejos, Jorge Paolini, “72 horas previas a la designación de Hernán Gómez y el resto de la causa pasó a la justicia federal”, aseveró Paskvan a Letra P y en la causa judicial.

 

Ese expediente estuvo perdido más de tres años. Posteriormente, fue derivado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, por dictamen de la Procuración General de la Nación, se estableció que el extravío tuvo “una relación inequívoca entre el hecho denunciado y el entorpecimiento del legítimo ejercicio de esas funciones” ejecutada por funcionarios públicos.

 

Ahora, la causa está en la Cámara Federal de La Plata, donde se determinará si la investigación quedará radicada en la capital bonaerense o pasará a la justicia federal de Azul. Una vez allanada esta cuestión de territorialidad, los investigadores estarán en condiciones de avanzar sobre la actuación de Gómez, quien pretende ser juez de la Suprema Corte bonaerense y para eso fue a buscar al apoyo del vicegobernador, su correligionario Daniel Salvador.

 

 

DAÑOS PATRIMONIALES PÚBLICOS. La falta de actuación de la Fiscalía de Estado (FdE) en la denuncia original de Paskvan derivó en un embargo parcial de fondos para la provincia de Buenos Aires y una condena al Estado bonaerense “con la permisibilidad” de la FdE. “La complicidad” de los funcionarios provinciales “no se investigó en el marco de delitos económicos del terrorismo de Estado”, tal como ordenó la Corte nacional. Según el denunciante, el fiscal Paolini “escindió los hechos para evitar el enjuiciamiento de Hernán Gómez”, denunció Paskvan.

 

La Fiscalía de Estado ha cancelado miles de juicios basados en la ley 11.192 (régimen de consolidación de deudas sancionada en diciembre de 1991) y de pesificación utilizando el sistema de actualización de intereses y coeficientes CER, con la única excepción del expediente Paskvan.

 

“Resulta llamativo el grado de impunidad de dicho Fiscal de Estado que nadie pareciera investigar por su accionar en detrimento de las arcas provincial por el caso Wasserman”, consideró el denunciante.

 

Toda esta trama no sólo se investiga en la justicia bonaerense. El expediente Paskvan fue aceptado para su tratamiento en la CIDH. El expediente 147/06 está nutrido, además, con documentación secreta de la Cancillería argentina que fue desclasificada.

 

Esta situación fue informada, por nota, al secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón. Cabe recordar que el funcionario bonaerense fue secretario ejecutivo de la CIDH entre el 1 de agosto de 2001 y el 30 de junio de 2012.

 

 

En el año 2012, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentó una denuncia penal por "fraude contra el Estado provincial" en el caso de la expropiación presuntamente irregular de la empresa metalúrgica Wasserman.
Según la denuncia, en 2003 se promulgó la ley 12.996, que estableció la expropiación de la empresa. Pero la firma inició en octubre de 2003 un “juicio de expropiación inversa” ante el juzgado Civil y Comercial 6 de San Isidro, en el que reclamó una indemnización de $102 millones.
Esa demanda fue rechazada inicialmente por la Fiscalía de Estado “por improcedente”.
Sin embargo, siempre según la denuncia, el gobernador y el ministro Ferré firmaron en mayo de 2010 el decreto 717 “autorizando a suscribir un convenio” con Wasserman “por $101 millones”; el decreto 981 de junio de ese año autorizando una ampliación del presupuesto de Producción por esa cifra y el decreto 1.234 de julio de ese año “autorizando la orden de pago por ese valor”.
Los denunciantes subrayan que el perito de la Fiscalía de Estado -que luego aceptó la demanda de expropiación inversa- “tasó la empresa en $26 millones”.
Otro aspecto de la denuncia indica que “originalmente se dispuso que el pago se efectuara en bonos de cancelación de deudas, pero luego -en setiembre de 2011- el ministerio de Economía, al tener fondos, acordó el pago en efectivo en seis cuotas mensuales y consecutivas, que se realizó en su totalidad en marzo de 2012”.
Y otro punto saliente de la denuncia es el que indica que, de los 101 millones, “fueron transferidos”, en concepto de honorarios de abogados, los siguientes montos: a Daniel Sabsay, 23,6 millones; a “Ruben Citara (del Estudio Caporal, Citara, Casal)”, 22 millones y a Beatriz Rivas, “2,8 millones en concepto de aportes, y no se sabe cuánto se le pagó por honorarios”.
Este incidente fue una de las presuntas irregularidades que mencionó Elisa Carrió en su denuncia contra el ex gobernador Scioli.

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