El ex presidente de la Alianza Fernando De la Rúa podría lograr, tras un reclamo de largos años, que no se le descuente el 35% de impuesto a las Ganancias de su renta vitalicia. El Tribunal Fiscal de la Nación avaló su pedido, en una decisión que será apelada por la AFIP y terminará en la Justicia, aunque podría abrir las puertas a futuras demandas de ex mandatarios.
Según reveló este lunes el diario La Nación, De la Rúa planteó en una vieja demanda que esa quita afectaba “la equivalencia y la identidad consagradas por la ley” con las que perciben los ministros de la Corte, e invocó la “intangibilidad” de su salario que fija la Constitución Nacional.
El reclamo del ex mandatario había sido rechazado por la AFIP, entonces presidida por Ricardo Echegaray, que argumentó que “nada se ha dicho de que el beneficio concedido a los funcionarios judiciales deba ser extendido a los miembros que hayan ocupado el máximo cargo político que pueda ostentarse en nuestra República”. La negativa del ente recaudador fue canalizada por la División Revisión de Recursos de la Regional Palermo de la Dirección General Impositiva (DGI), y correspondía al período fiscal 2009.
De la Rúa apeló entonces al Tribunal Fiscal y el expediente quedó en la Sala B, que dictó el pasado 6 de febrero un fallo firmado por los vocales Armando Magallón y José Luis Pérez, quienes le dieron la razón al ex Presidente.
El argumento fue que “toda vez que las remuneraciones de los jueces (tanto en actividad como jubilados), por aplicación de la citada acordada (20/1996) de la Corte y reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal, no se encuentran alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, cabe concluir que tampoco debe estarlo la asignación vitalicia del recurrente”.
Los vocales sostuvieron que la asignación que percibe De La Rúa en su carácter de ex mandatario “debe ser igual a la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque así lo ha querido el legislador”.
Sin embargo, la AFIP sostuvo que las pensiones que perciben presidentes, vicepresidentes, jueces, funcionarios judiciales, funcionarios públicos, obispos y arzobispos de las Fuerzas Armadas, entre otros, “derivan de la prestación del servicio que en el transcurso de su vida activa han desarrollado”, y por lo tanto deben quedar alcanzadas por Ganancias.