En un contexto de inminente aumento tarifario en las estaciones de peaje de corredores orbitados por la estatal Aubasa, luego de cumplido el paso formal de las audiencias públicas, usuarios viales analizan acciones penales contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el administrador de Vialidad provincial, Mariano Campos por “acciones ilegales, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Así lo detalló a Letra P el titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, al advertir que este mecanismo “es un impuesto al tránsito”, en tanto que marcó oposiciones e irregularidades en la aplicación del mecanismo para avalar los incrementos.
Asimismo, se prevén acciones ordinarias de amparo, mientras que, en contacto con el defensor del Pueblo Guido Lorenzino, se deslizó la intención de iniciar una acción por inconstitucionalidad de los peajes “por la falta de caminos alternativos libres de pago”, aunque el foco inicial de Lorenzino estará en presentaciones judiciales contra el emplazamiento de tres cabinas de peajes en la ruta 6, donde se alerta acerca del mal estado de buena parte de los 180 kilómetros de la cinta asfáltica
Esto surge luego de la audiencia pública realizada este miércoles en General Madariaga en donde funcionarios bonaerenses defendieron las subas en las tarifas de peaje del corredor del atlántico que se aplicaron en febrero pasado pero, amparo mediante de la Defensoría del Pueblo, tuvieron que ser suspendidas hasta tanto no se cumplimente con dichas audiencias. Estos aumentos contemplan, por ejemplo, que cada auto que transite por un peaje de la autovía 2 pase a pagar de 45 a 75 pesos.
“Es un sistema ilegal, inconstitucional, inviable económicamente por el bajo caudal de tránsito y es injusto porque, al ser un sistema abierto, unos pagan y otros no”, se quejó el titular del Conaduv para ejemplificar: “Los countries están antes de los peajes” en la autovía 2.
AUDIENCIA SIN PÚBLICO. Al aclarar que participó de dicha convocatoria como representante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y no por el Conaduv (ya que esta entidad desconoce la utilidad de este mecanismo no vinculante), Lasca consideró la audiencia como “un circo” y resaltó: “Lo lamentable es que no se involucra la gente. Sólo hubo cinco exposiciones, ningún concejal, ningún intendente, ningún legislador bonaerense, sólo la diputada (nacional) Marcela Passo (FR). Se difundió muy poco y tampoco asistieron entidades representativas del transporte de cargas y pasajeros”.
Sobre esto también hizo hincapié la única legisladora presente en la convocatoria: “Es muy grande el desinterés que ha tenido el gobierno en difundir esta audiencia. Muy poca gente se enteró”. Tras remarcar que “este aumento no hará más que influir en el bolsillo de los trabajadores y en la cadena de distribución de alimentos”, Passo señaló que la suba pretendida por la Provincia “no responde a las obras de doble vía Tordillo-MarDeAjó y Tordillo-Madariaga (ruta 11). Son del presupuesto 2017”.
Precisamente en esto último hizo foco crítico Lasca: “Lo increíble es que nos cobran peaje y gran parte de los fondos los pone el estado provincial. No estamos en contra de las obras, sino de los métodos”. Y añadió: “El estado de la autovía 2 y la ruta 11 es lamentable. Mientras tanto, estás pagando a cuenta de algo que te prometen, Son numerosos los siniestros viales en la ruta 11 por no hacerse la autovía y a nadie se le cae una lágrima. Pagás para matarte”.
Más allá de exigir que directamente “se deje de cobrar con estaciones de peajes” y que el sistema no cumple con la normativa vigente ya que “no existen caminos alternativos” en buena parte de los tramos tarifados, el titular de la Conaduv marcó que “no hay atraso de tarifas ni sinceramiento que hacer porque todos los años hubo aumentos” en este aspecto, por lo que lamentó “que no se vaya al problema de fondo, y sólo se hable de un aumento tarifario” que, resaltó, no se da “en el contexto económico ideal”.
Así, comentó: “En la audiencia, varios cuestionamientos que el Gobierno tiene dos calculadoras: una para calcular los aumentos de los docentes y otra para los amigos del poder, aumentos del 80% en los peajes”.
Bajo este escenario, se solicitó a las autoridades de Aubasa que se presenten “estudios técnicos de tarifas beneficio-costo del usuario” para ser analizadas. Ante eso, en la empresa estatal prometieron hacer reuniones informativas en las diversas ciudades para justificar el próximo aumento.
