Las tapas de los matutinos porteños del día siguiente a la represión a los docentes que intentaban instalar una escuela itinerante en plaza Congreso vuelven a poner de manifiesto una homogénea polarización mediática. Esta dispersión presenta, en principio, dos formas de encuadrar la problemática.
Encuadrar una noticia supone nombrar un problema —definir una situación—, señalar sus causas y los respectivos responsables detrás de éstas, evaluar moralmente las consecuencias de los hechos relatados e invitar a las audiencias a posicionarse políticamente y a reclamar una determinada solución al conflicto en detrimento de otras.
Cuando propone el concepto “definición de la situación”, William Thomas afirma que antes de todo acto de conducta existe un estado de examen. Por cierto, las calificaciones utilizadas por los diarios El Cronista y Ámbito Financiero referidas a esos acontecimientos —“choque” o “incidentes”— son la vía de entrada para definir dicha situación y, por ende, distribuir responsabilidades alrededor de las acciones. Pero volvamos a los verbos. El Diccionario de la Real Academia Española cuenta con definiciones similares para “choque” e “incidente”: contienda, disputa, riña, pelea entre dos o más personas. La utilización de esos términos ubica a docentes y policías en pie de igualdad, omitiendo que la institución policial detenta el monopolio de la fuerza pública y diluyendo, así, su responsabilidad (“Choque ayer entre docentes y Policía”, Ámbito Financiero, 10 de abril de 2017, tapa). De estos apelativos se desprende un derrotero de mecanismos discursivos que circunscriben la perspectiva de toda la problemática docente a un juego de titanes.
En sintonía con los matutinos económicos, Clarín aporta elementos que completan el encuadre del caso: el accionar de la policía es presentado como una reacción a la ocupación ilegal (sin autorización) y se identifica al ¿nuevo? adversario personalizado del Gobierno como responsable excluyente (“Baradel quería su propia carpa blanca y lo sacó la Policía”, Clarín, 10 de abril de 2017, tapa). La causa de la reacción policial —en los términos de Diario Popular, “impidió la instalación” (10 de abril de 2017, tapa)— es la falta de permiso, lo que justificaría el desalojo como una solución “no deseada, pero necesaria” frente a una acción ilegal por parte de “un grupo de gremialistas”. La tapa de La Nación de ese día cristaliza esta idea al hacer hincapié en que “la estructura no había sido autorizada”. En todos los casos, es claro, la sanción moral reposa en dicha ilegalidad.
Sólo Página/12 y Crónica desentonan con el encuadre generalizado de esos titulares y polarizan con el resto de los periódicos: los términos que utilizan para caracterizar la situación —”represión”, “violencia”, “palos”, “gas pimienta”— reconocen, aunque no explícitamente, la responsabilidad estatal en el ejercicio de la violencia. “Reprimir” significa detener o castigar, desde el poder y mediante la agresión, actuaciones políticas o sociales (DRAE). Frente al panorama delineado por Página/12 y por Crónica, equiparar estos hechos a una trifulca entre barras a la salida de un clásico pierde consistencia.
En las ideas que subyacen a los textos quedan registrados los intereses de la variedad de actores que pugnan por dominar el sentido de los acontecimientos. En esa correlación de fuerzas, se instala la perspectiva dominante. Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justificaron con ahínco la actuación represiva de las fuerzas de seguridad. En armonía con el encuadre propuesto por la mayoría de los periódicos, desconocieron la obligación institucional que tiene el Estado de oír los reclamos de los diversos sectores y el derecho de estos últimos a expresarse y a peticionar. El eje de la problemática se reduce a la tramitación de un permiso para protestar.
En definitiva, el poder político y los medios de élite parecen confluir en una comunidad de intereses que promueve un enfoque particular de los acontecimientos como si fuera el resultado de un consenso social generalizado. Individualizar la culpa del conflicto en un puñado de “gremialistas” descontextualiza el reclamo y lo deslegitima. La polarización ignora que no se trata de dos actores de igual peso enfrentados, sino que uno de ellos detenta la violencia física y buena parte del poder simbólico, mientras que el otro resiste el desalojo como forma de protesta.
