A raíz de un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe garantizar transporte escolar a 668 niñas, niños y adolescentes de la Villa 21-24 de Barracas, el asentamiento más grande del distrito que administra el PRO desde 2007.
Los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik y Fernando Juan Lima rechazaron el recurso de apelación del Gobierno de la Ciudad y confirmaron unánimemente la medida cautelar dispuesta por la jueza de primera instancia María Elena Liberatori. De esta manera, la Justicia porteña obliga al Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Soledad Acuña, a que inscriba en el registro de transporte público escolar del 2017 a ese grupo de alumnos que asisten a escuelas estatales lejos de sus domicilios.
El planteo inicial lo realizó la Asesoría Tutelar de Cámara, que conduce Gustavo Daniel Moreno. El asesor tutelar recibió recamos de madres y padres de los niños que necesitan del transporte escolar desde 2015 y la cartera educativa, en ese entonces a cargo de Esteban Bullrich, jamás respondió el pedido.
El ministerio porteño fijó un procedimiento de inscripción provisional para el ciclo lectivo 2017 sin tener en cuenta los 688 reclamos preexistentes, y lo acordado en una mesa de trabajo conformada a tales efectos. Entonces, la sentencia de la Cámara de Apelaciones reprocha al Ministerio de Educación porteño no haber otorgado trámite alguno a las presentaciones efectuadas por el Ministerio Público Tutelar y haber instrumentado un procedimiento de inscripción que no tuvo suficiente difusión para los padres de los niños.