“Un lindo cambalache”. La fuente, conocedora de todos los pliegues de la Justicia, usó esa expresión arrancada del acervo cultural rioplatense cuando Letra P le pidió ayuda para identificar el perfil de la comisión de jueces que redactará, a pedido del Gobierno, un nuevo anteproyecto de Código Penal que mandará definitivamente a rezago al que elaboró, en aquel caso por encargo de Cristina Fernández de Kierchner, un grupo de juristas “más políticos” que representaba, cada uno, a las fuerzas con mayor representación parlamentaria (PJ, UCR, PRO y socialismo). “Es una mezcla total” -abundó la fuente- en la que no se reconoce un criterio que haya guiado la selección más allá de la evidente decisión del presidente Maurcio Macri de darle el trabajo a la tan mentada Familia Judicial, con la que el gobierno kirchnerista se llevó a las patadas. “El proyecto Zaffaroni (por el que hizo la comisión que encabezó el ex supremo Raúl Eugenio) era de los académicos; ahora es el turno de los jueces”, sintetizó el analista. De todos modos, coincidió con otro consultado en destacar virtudes que se recortan en el equipo: moderación y buen nivel profesional.
La comisión estará presidida por el juez federal de la Cámara de Casación Penal Hernán Borinsky, un pupilo del ex ministro del Interior de Héctor J. Cámpora y ex procurador Esteban Righi, el peronista que CFK desplazó para nombrar en su lugar a la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gis Carbó, a quien la Casa Rosada viene tratando de desalojar desde el minuto uno de la era Cambiemos.
“Borinsky es la amalgama entre los viejos y los nuevos de la Casación Federal. Se lleva bien con los dos bandos que estuvieron en pugna en la docena de años K, pero acaso no tenga espalda para que sus colegas lo dejen conducir de verdad”, explica una de las fuentes.
Y después está la “mezcla total”, de la que “cualquier cosa puede salir”. En esa suerte de Arca de Noé hay de todo, como en botica:
- Un filo Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificados con el kirchnerismo: Daniel Erbetta, de estrechos vínculos con su colega Alejandro Slokar, que fuera subsecretario de Política Criminal en los gobiernos kirchneristas (un Zaffaroni puro) y Juan Martín Mena, alumno de la misma escuela, segundo de Slokar en el Ministerio de Justicia y, después, su sucesor hasta que CFK lo nombró Señor 8, el segundo de Oscar Parrilli en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
- Una ex integrante del equipo de jueces y juezas que asesoró a Aníbal Fernández en materia de drogas cuando el entonces ministro de Justicia impulsaba la despenalización de la tenencia y el consumo de sustancias ilegales: la también afín a Justicia Legítima Patricia Llerena. El dato no es menor: el lunes pasado, el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del titular de la Sedronar, Roberto Moro, aclaró que ese tema no es una prioridad para la Casa Rosada.
- Un ex fugaz ministro de Justicia del gabinete de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que duró apenas seis meses en el cargo y se volvió a su despacho en la Casación federal: Carlos Alberto Mahiques. Del ex funcionario provincial vale apuntar otro dato, genealógico en este caso: es el padre del subsecretario de Asuntos Penitenciarios y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista del mismo apellido.
- Un hijo del Opus Dei, la orden católica ultraconservadora que coló a varios embajadores en los gobiernos de Cambiemos y se quedó, incluso, por iniciativa de Vidal, con la Procuración General de la Corte bonaerense a través de Julio Conte Grand. Se trata de Guillermo Jorge Yacobucci, un magistrado “muy lúcido”, según reconocen de él. Con Mahiques se conocen de dos universidades de la Iglesia: la UCA y la Austral –la del Opus.
- El ex procurador Righi, cabeza de uno de los estudios de abogados más importantes del país, tiene otro ahijado en la comisión: Fernando Córdoba es su mano derecha en lo plano académico.
- Hay también, en la comisión, magistrados del interior que una fuente consultada por Letra P describió como “reaccionarios moderados” a quienes no se los puede inscribir en la escuela de la mano dura. No hay, destacó el informante, ningún fundamentalista de esa línea de pensamiento.
BUEN NIVEL Y MODERACIÓN. Las fuentes consultadas por Letra P coincidieron en destacar que se trata de un equipo de juristas moderados y de buen nivel profesional. Que representan, entre todos, a las escuelas de Derecho Penal que se impusieron en Buenos Aires en las tres últimas décadas: las de Righi, Marcelo Sancinetti, David Baigún y Julio Maier. Apunta, en cambio, la ausencia de especialistas en asuntos penitenciarios y ejecución de penas, una carencia que señalan como una flaqueza.
Uno de los consultados arriesgó: “Es muy probable que el Código que salga de esa comisión les guste a los académicos, pero no a los políticos”. Buen dato: el anterior murió de muerte política en 2014, cuando Sergio Massa, cebado en un fragor precoz de precampaña presidencial, encontró en ese anteproyecto un trampolín a los medios: “Quieren un código penal que abre las puertas de las cárceles”, machacó. El jefe del Frente Renovador, que separaba el mundo entre chorros y decentes, logró activar un nervio social sensible y agujereó el casco del proyecto, que zozobró y, al fin, se hundió. Vaya paradoja: la nueva comisión estará presidida, como se dijo antes, por un ahijado de Esteban Righi, el ministro de Cámpora que en 1973 abrió literalmente las puertas de los penales para liberar a los presos políticos de la dictadura de Lanusse.
