Una vez consumado el pedido de desafuero y detención a Cristina Fernández de Kirchner –y con los antecedentes recientes de arresto por otras causas de Julio De Vido y Amado Boudou-, ahora el gobierno de Mauricio Macri busca promover en las sesiones extraordinarias de febrero de 2018 en el Congreso un proyecto de ley tendiente a limitar la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva, delineando pautas concretas para determinar el peligro de fuga y de obstrucción de Justicia.
Según lo detalla el diario La Nación, el ministro de Justicia, Germán Garavano, acordó días atrás con el senador peronista Rodolfo Urtubey impulsar la reforma de todo el sistema penal, pero que, luego de la escalada de detenciones y procesamientos del pasado jueves, el foco se pondrá en el tratamiento de la reforma procesal y el uso de la prisión preventiva.
Con esta decisión judicial que ya pesa sobre CFK y altos funcionarios de la pasada gestión, el Gobierno busca cerrar la canilla en este sentido. De acuerdo a lo deslizado por el mencionado diario, en Casa Rosada temen que ante el abuso general de la prisión preventiva, los funcionarios actuales vayan presos.
Con la reforma procesal que se impulsaría en febrero de 2018, las pautas objetivas para el peligro de fuga se fijarían ahora en: arraigo determinado por domicilio de residencia, familia y negocios o trabajo y facilidades para abandonar el país; las circunstancias y naturaleza del hecho, detenciones previas y reincidencia; el comportamiento del imputado durante el procedimiento, rebeldía, intento de fuga, resistencia o violencia contra la fuerza pública.
En tanto, las pautas para el peligro de entorpecimiento de la causa serían: destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar pruebas; intentar provecho del delito; hostigar o amenazar a la víctima o a testigos; influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal; inducir a otros a hacerlo.
Apenas se conoció el pedido de desafuero y prisión preventiva a CFK por parte del juez Claudio Bonadio –aliado del oficialismo- en Casa Rosada se disparó el debate en torno a la conveniencia del caso. Tal como contó Letra P, en la intimidad de los despachos del primer piso de Balcarce 50 no tardaron en realizarse las evaluaciones internas y debates entre quienes prefieren a la ex presidenta como principal antagonista y otros que eligen verla tras las rejas. Se advierte en sectores del oficialismo el temor por un posible reagrupamiento del peronismo con la ex presidenta corrida de la escena política.
Fuentes cercanas al ministro de Justicia destacaron a este portal que "lo importante es elevar de primera instancia a juicio oral", en referencia a la pertinencia de que el caso concluya su etapa de instrucción y pase a segunda instancia, para que exista finalmente una sentencia definitiva.
