La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que el Gobierno pretende borrar de la estructura montada por Alejandra Gils Carbó, presentó este miércoles una denuncia ante el juez federal Sergio Torres para que se investiguen al menos diez hechos de abuso cometidos por la Policía Federal y de la Ciudad durante el operativo de represión del 18 de diciembre pasado en los alrededores del Congreso.
La fiscalía, de la que fue desplazado Félix Crous, realizó la presentación después de encarar una investigación preliminar en base a testimonios de manifestantes heridos y de organismos de derechos humanos que denunciaron violencia institucional por parte de los efectivos durante una protesta contra la ley de ajuste jubilatorio.
Entre los diez hechos denunciados por la Procuvin, figura un episodio donde motocicletas de Policía Federal arroyaron a un joven llamado Alejandro Gabriel Rosado. Además, la lista incluye personas que fueron heridas por balas de goma y que también recibieron gases lacrimógenos.
En esa jornada hubo 70 detenidos que a las pocas horas recuperaron su libertad. Sin embargo, se inició la causa en el juzgado de Torres y las sospechas recaen fundamentalmente en la Policía de la Ciudad, que acaba de renovar sus autoridades. Este mismo miércoles, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, puso en funciones a Carlos Kevorkian como jefe, y a Gabriel Oscar Berard como subjefe.
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En las últimas horas, mientras comenzaban las tareas de reparación en la Plaza de los Dos Congresos, Larreta anunció que la Procuración de la Ciudad intimó a organizaciones políticas y sociales a que paguen los destrozos generados, que demandan un costo de 37 millones de pesos.
La Procuvin quedó a cargo de Héctor Andrés Heim el mismo día de los incidentes en Congreso, cuando Crous -quien intervino en el inicio de la investigación sobre la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado- pasó a desempeñarse en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En la reforma del Ministerio Público Fiscal que Cambiemos tiene en carpeta desde la renuncia de Gils Carbó, el procurador adquiere la facultad de crear, modificar y eliminar procuradurías especializadas, que por la ley actual son permanentes. Además de la Procuvin, hoy funcionan las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA), de Defensa de la Constitución, de Crímenes contra la Humanidad, de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de Narcocriminalidad (Procunar) y de Trata y Explotación de Personas (Protex).