La certeza que sostienen los voceros oficiales dentro de la Casa Rosada es la misma, en tono de advertencia, que dos ministros le repitieron a los todos gobernadores: si fracasa la sanción de la reforma previsional, se caen los acuerdos firmados desde que el presidente Mauricio Macri los convocó para negociar la reforma fiscal. El mensaje forma parte, según confió a Letra P un funcionario de la Jefatura de Gabinete, de una advertencia aún mayor, porque además no hay plan B: el Gobierno no baraja otra alternativa a los textos que ya están pactados y que este jueves no pudieron ser debatidos por la Cámara de Diputados en el marco de la represión de la Gendarmería en la calle y la escandalosa sesión que terminó siendo levantada en medio de denuncias de la oposición sobre una formación irregular del quorum.
"Los números están, pero todavía falta que bajen a la sesión, se sienten, se banquen la presión de diez horas de debate y que después levanten la manito", graficó una fuente antes del fracaso de la sesión más caliente que intentó –sin éxito- llevar adelante el oficialismo desde que llegó a la Casa Rosada. El extenso camino que separó a los poroteos previos de la votación final se tensó aún más desde que la Confederación General del Trabajo (CGT) decretó un paro nacional en caso de una sesión exitosa. En Balcarce 50 minimizaban el impacto de la medida y daban por descontada la realización del paro, con la misma seguridad con la que vaticinaban la votación de la reforma.
"Esto ya lo vivimos: la CGT no existe, está totalmente dividida y debilitada y el paro se los conduce el Pollo Sobrero", chicaneó un hombre del ministro coordinador Marcos Peña para reiterar una fórmula discursiva que ya adoptaron ante paros anteriores. "Si todo el transporte se suma al paro, va a ser más gente la que los va a putear porque no pueden ir a trabajar, que las adhesiones que puedan obtener", disparaba la espada comunicacional para minimizar la dimensión de la medida de fuerza. La lectura urgente, al calor de una inesperada advertencia de paro, no tiene en cuenta que la negociación para lograr reforma previsional aceleró el desgaste para el Gobierno, debido al alto costo político que implica financiar toda la reforma a partir de un recorte a los ingresos de los jubilados: la apuesta post electoral más antipática desde que Macri llegó al poder y la de mayor impacto social en términos negativos.
Se trata de un ajuste de 100 mil millones sobre los fondos previsionales para cubrir el dinero que las arcas estatales dejarán de percibir si prospera –este jueves no pudo ser tratada- la reforma tributaria que fue negociada con todos los mandatarios provinciales luego de un intercambio que estuvo a punto de fracasar un día antes de su cierre final debido a la restitución del Fondo del Conurbano para la provincia de Buenos Aires, es decir, para el mayor distrito electoral del país, administrado por María Eugenia Vidal.
El kirchnerismo celebra el fracaso de la sesión.
Los 40.000 millones anuales adicionales que comenzará a recibir el gobierno bonaerense dependen de una arquitectura financiera y tributaria cuya supervivencia dependía de la sesión de este jueves, donde la Cámara baja, por decisión del oficialismo, iba a dar tratamiento exprés la reforma tributaria y la previsional: en tiempos y componentes, se trataba de la muestra más explícita sobre la importancia que implicaba esta votación para el Gobierno.
El grueso de los fondos que financiarán la restitución de los fondos para la provincia surgen de la derogación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, una supresión que le quitó una vía clave de financiamiento a la ANSeS. Para el diagnóstico que Macri les entregó a los gobernadores, el organismo jubilatorio va camino a la quiebra. Sin embargo, la reforma profundiza la descapitalización del sistema previsional para financiar el ajuste fiscal y la rebaja de impuestos acordado con las provincias
La principal tensión política que encierra la batería de reformas no es ninguna novedad para el Gobierno y algunos de los voceros consultados esperaban que las protestas arreciaran mucho antes. Sin embargo, el paro de este viernes, que dependía de la votación en Diputados, surgió como la primera reacción dura de la CGT, que rompe dos años de una alianza tácita que transitó con sobresaltos, pero sin rupturas.
Quizás por eso, el paro intempestivo tomó otro volumen, porque irrumpió en uno de los momentos de mayor estabilidad política de Cambiemos y porque implicaba un desafío político, cuyo desenlace negativo sería durísimo.
La tensión que rodeó a Diputados este jueves y dio inicio a un nuevo ciclo de protestas luego de las elecciones de octubre, ofrece una imagen totalmente diferente a la deseada por el Presidente, que esperaba para esta semana un cierre protagonizado por una sanción con pocos sobresaltos en Diputados y una directa señal para los mercados, luego de haber sido anfitrión de la uncédima cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio.
La furia que el aparato represivo no encontró en las protestas contra la OMC latió a veinte cuadras del mismo escenario, pero militarizado por un despliegue que demostró los costos políticos que la administración Cambiemos está dispuesta a afrontar para avanzar con las reformas.
