Congreso Nacional

Con duras críticas, el Senado debate la reforma del Ministerio Público

El proyecto, que será tratado en comisión, fue desaprobado por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos. Cuáles son los cuestionamientos.

 

En un extenso comunicado, el CELS de Horacio Verbitsky y otras entidades alertaron que la iniciativa que presentó el oficialismo tras la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó contiene normas “inconstitucionales” y “pone en riesgo la independencia y la autonomía” de ese organismo.

 

“La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del próximo procurador”, advirtió el CELS junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

 

Los organismos sostuvieron que el proyecto “quiebra el alto nivel de acuerdo político necesario para lograr la designación del procurador y del defensor general de la Nación”. Y es que, mientras la ley vigente exige dos tercios de los votos del Senado para avalar a los candidatos para ambos cargos, la nueva norma habilita que sea sólo con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes.

 

En este sentido, sostuvieron que “el requisito de una mayoría agravada tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica, moral e independencia”.

 

 

 

Además, las organizaciones reseñaron que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece que “la designación del máximo responsable de este organismo extrapoder, independiente y central del sistema de justicia, exige una legitimidad amplia y mayor a la mera mayoría parlamentaria”.

 

“La crítica más importante a la gestión anterior fue la falta de independencia, sin embargo (ahora) se pretende reformar la ley de modo de debilitar el acuerdo político transversal que estas figuras requieren para su designación y posterior estabilidad en el ejercicio de su función”, remarcó el CELS.

 

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la eliminación del juicio político como exigencia para la remoción del procurador; de aprobarse la reforma, el proceso podrá avanzar sólo con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, lo que los organismos calificaron como “un mecanismo endeble”.

 

Entre otras críticas, también apuntaron contra la “duración exigua” de los mandatos, que en el proyecto están establecidos en cinco años, y contra la disolución de las procuradurías y direcciones especializadas en la persecución de delitos de criminalidad organizada.

 

Del mismo modo, Abuelas de Plaza de Mayo, la entidad que preside Estela De Carlotto, presentó un escrito ante el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, con la advertencia de que el nuevo texto implica el “abandono de políticas comprometidas con el juzgamiento y el castigo a los responsables del terrorismo de Estado”.

 

 

 

Abuelas precisó que el artículo 5 del proyecto “deja a total discreción del procurador la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad”, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

 

El proyecto comenzará a ser debatido desde las 13 en el Salón Illia de la Cámara alta. La intención del Poder Ejecutivo es sancionar la ley antes de fin de año para poder nombrar a un nuevo procurador a partir del 1° de enero con la nueva regulación.

 

 

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