Tal como viene adelantando Letra P, la administración vidalista avanza en los mecanismos para cambiar la empresa encargada de controlar el ausentismo docente en territorio bonaerense, tema que ha formado parte este año de la tumultuosa agenda de discusión entre el Ejecutivo y los gremios docentes. De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, la cartera educativa a cargo de Gabriel Sánchez Zinny procedió al llamado a licitación tendiente a lograr la contratación de dicho servicio, con un presupuesto estimado de $125.737.184, equivalente a 4.191.239,47 Unidades de Contratación (UC).
Puntualmente, las prácticas médicas requeridas consisten en la realización de exámenes pre-ocupacionales, controles médicos laborales en los casos en que la Dirección General de Cultural y Educación estime convenientes -ya sea en el domicilio del afectado o en consultorio- y la realización de juntas médicas incluyendo en todos los casos al personal docente y a los agentes dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación enmarcados en las Leyes N° 10.430 y N° 10.449. También, abarca al personal docente de establecimientos de gestión privada con subvención estatal.
La apertura de sobres se realizará el mes próximo, siendo su primer filtro la propuesta técnica de los oferentes, las cuales se darán a conocer el 4 de diciembre por la mañana. En tanto, una vez que se determinen las empresas que superaron esta etapa y fueron precalificadas, se fijará la fecha de apertura del segundo sobre, el cual contendrá exclusivamente la oferta económica.
Según detalló este medio en agosto pasado, desde su arribo al cargo, Sánchez Zinny viene evaluando la no renovación del contrato que expira en diciembre de la empresa Dienst Consulting S.A, la cual trabaja para el Estado realizando los reconocimientos médicos a los docentes bonaerenses desde fines de 2009.
Cabe señalar que este tema fue uno de los puntos calientes de la turbulenta paritaria 2017. En pleno conflicto, la gobernadora María Eugenia Vidal había ofrecido más aumento a cambio de presentismo, acusando a los maestros de abusar de las faltas, propuesta que fue calificada como “extorsión” por la dirigencia sindical.
Así, se generó un picante ida y vuelta entre Vidal, su -por entonces- ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y los secretarios generales de los gremios docentes. En el Gobierno aseguran que los maestros se exceden con las carpetas médicas y las faltas, mientras que estos últimos lo niegan y critican a la gestión, porque precisamente es el Gobierno el que contrata a la empresa encargada de controlar aquella situación.
Bajo este escenario, Sánchez Zinny pretende dar por finalizado el contrato con la actual empresa a fin de año y a partir de ahí trabajar de otra manera. El llamado a licitación reciente va en esa línea, aunque vale recordar que los gremios vienen pidiendo pista a la hora de la definición del nuevo esquema de control médico.
