Una fabulosa maquinaria de desviar fondos millonarios de la obra social IOMA es la investigación que tiene en la mira al ex titular de la obra social de los bonaerenses, Antonio La Scaleia, quien en la contestación a si procesamiento desconoció todas las acusaciones, aseguró que nunca tuvo cuentas en la banca off shore y apuntó a la falta de controles internos en la administración de la mutual.
El fiscal Álvaro Garganta sospecha que existió una red de empresas de internaciones domiciliarias que sobrefacturaban e inventaban prestaciones y ese dinero volvía a los bolsillos de los 18 funcionarios procesados. Uno de ellos, según el dictamen al que accedió letra P, es el ex titular de la obra social. Se calcula que el perjuicio económico es, al menos, de 650 millones de pesos.
En su extensa indagatoria, La Scaleia dio su versión, aunque desconoció ser parte de la asociación ilícita que le endilga. Explicó técnicamente cómo funcionaba el área de internaciones domiciliarias y se escudó en que no había auditores suficientes. Es más, argumentó que en ciertas ocasiones, se llamaba a personal administrativo de otras áreas a cumplir funciones de auditoría y reconoció que es difícil el control de las internaciones domiciliarias.
"En el día a día y en la realidad me manejo con el sentido común. IOMA no tiene un registro de firma de digitalizada de los afiliados ni sus familiares. No hay forma que un empleado sepa de quién es la firma. No es fácil digitalizar las firmas de 2.000.000 de afiliados. Un empleado de buena fe, se fija si la prestación está y si está la firma del afiliado. Tengo que entender que superaron a los empleados o a los auditores, pues entiendo que de buena fe eso esta conformado. Estos pasos lo va cumplimentando la línea de trabajo. A veces las empresas, al igual que los sanatorios, suplantan la firma del médico y el sello. Es duro lo que digo, pero es así. Se han abusado de la debilidad estructural", alegó el funcionario del ex Gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Destino Panamá.- Según sospechan los investigadores, los dineros ilícitos eran girados a cuentas off shore radicadas en Panamá, uno de los mayores paraisos fiscales del mundo. La Scaleia figura como accionista de la firma IT Invest Group Technologies SA, de Panamá, desde abril de 2014. No entró solo en el negocio: también Daniel Burgos, ex jefe de gabinete del IOMA y su segundo en la obra social, adquirió papeles de esa sociedad offshore. Así consta en los mails internos de Mossack Fonseca que se conocieron en el marco de la investigación de los Panamá Papers impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las empresas presuntamente implicadas en las irregularidades son Continuum, Dar Salud Mar del Plata, Hestía, Internación Médica Domiciliaria, Inter Home Care, Medicina Platense Solidaria, Sistema Médico Domiciliario, y Salud en Casa, según se desprende del expediente judicial.
El ex funcionario adujo desconocer cómo su nombre y datos personales aparecen vinculados. Recordó que en el marco de sus funciones, mantuvo reuniones con varios emprendedores que le ofrecían sumarse a distintos negocios y reconoció que estuvo a punto de sumarse al desarrollo de una aplicación para celulares sobre fútbol.
El empresario Gustavo Weimman (ligado al desarrollo de call centers) le presentó al hijo que estaba en el negocio de las aplicaciones para teléfonos móviles. "Me gustó, me contó de la aplicación, me dijo que buscaban socios, que si prosperaba se iba a inscribir la sociedad, se iba a realizar una reunión de socios y posterior financiamiento. Le dije que la propuesta me interesaba, y les dije que sigan avanzando. Pasaron años y nunca surgió lo de la propuesta", recordó en un pasaje de la indagatoria.
Luego aclaró que "cuando salió lo de Panamá, pensé que me habían robado los datos. Y recordé que en el año 2014 Weimman me dijo que venía a La Plata, nos vimos, me recordó el proyecto 'Frienball' me dijo que el proyecto lo iba a realizar en otro país por el problema del cepo cambiario, así que yo le dije que ya no me interesaba. No acepte la propuesta", sentenció.
La Scaleia sostuvo que tras "unir cabos" llamó a al empresario Weimman y le pidió que aclare la situación con una declaración certificada por escribano en la que conste que "no tenía nada que ver, que no me había interesado el proyecto y que no tenía acciones". Así lo hizo y aclaró que "por un error administrativo mandaron mis datos (...). Yo le pregunté cómo sin mis documentos, mi firma y sin poder podía estar en una empresa y me entere que en Panamá con un mail ya se pueden librar acciones a nombre de una persona. Allí me enteré que la empresa que me quería ofrecer es la que se constituyó en los Panamá Papers."
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A tribunales.- Junto al funcionario mencionado, también fueron procesados Roberto Jorge Passo, un ex legislador del peronismo muy cercano a Scioli, quien se desempeñó como vicepresidente del organismo y a un íntimo amigo de La Scaleia, Humberto Jorge Pumo, ex director de Recursos Humanos de IOMA.
Según se detalla en el expediente, también fueron citados dos ex vocales gremiales integrantes del directorio: Luis Angel Pérez, representante de UPCN, y Patricia Viviana Nisembaum, quien ocupó ese cargo en representación de Suteba.
Además están sospechados otros ex funcionarios del organismo, como Daniel Burgos, ex jefe de Gabinete de IOMA, su “mano derecha”, Alejandro Víctor Fernández, y Nicolás Vitale. Ellos habrían sido quienes permitían el ingreso de empresas como prestadoras de IOMA, por lo que se estima que fueron una pieza clave en las estafas.
La lista la completan Jorge Giordano, en representación de los retirados del Servicio Penitenciario, y Gustavo Seva, del gremio de municipales. Ambos presentaron renuncias. El actual director de Finanzas de la obra social, Diego Osvaldo Giovanetti, Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo (hija de Roberto Passo), María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, quienes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias, que la Justicia sospecha se creó específicamente para llevar adelante este fraude.