Aunque restan conocerse detalles, todo indica que Venezuela entró en cesación de pagos de su deuda externa. Entró en Default como la Argentina en 2001. Pero más allá del impacto mediático, esto podría ayudar en el corto plazo a su Jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien podría redestinar recursos a políticas sociales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
En lo inmediato, hoy se conoció la noticia de que Venezuela no pudo afrontar el vencimiento del bono Elecar por U$650M. En rigor, era una situación previsible desde que en agosto pasado el presidente norteamericano Donald Trump tomara la decisión de prohibir “operar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal (Pdvsa)”. Además, en el mismo decreto impidió “las transacciones en bonos propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela”. No tocó Trump aún, pese al pedido de Mauricio Macri, las importaciones de petróleo venezolano: Washington es el primer comprador de crudo venezolano por un valor diario de 32,2 millones de dólares.
Es que contrariamente a lo que indicaría cierta retórica bolivariana, Nicolás Maduro ha sido hasta hoy un fiel cumplidor de los pagos de la deuda externa venezolana. De hecho, parte de la escasez de alimentos y medicinas que sufre el país caribeño tiene su origen en la prioridad del pago de deuda para con los dólares que ingresan al Estado producto de la exportación de petróleo. Petróleo que desde 2014 ha sufrido una abrupta caída en su valor de mercado, con incidencia directa en países como Venezuela que importa prácticamente todo lo que consume (excepto combustible).
Para el lunes el gobierno bolivariano convocó a sus acreedores a Caracas y se supone que buscará una nueva reestructuración de la deuda. Sus aliados China y sobre todo Rusia ya le han reestructurado una parte, pero la mayoría está en manos privadas de bonistas e inversores incluso, más allá de los obvios tenedores estadounidenses, se sospecha que muchos integrantes de la llamada boliburgesía (aquellos venezolanos que se enriquecieron haciendo negocios con el chavismo) han comprado bonos de la deuda por lo atractivo del negocio dado las tasas altísimas que debe pagar Venezuela en función de sus ostensibles dificultades.
La deuda del Estado venezolano y de su compañía petrolera PDVSA está estimada en unos 150.000 millones de dólares. Con reservas internacionales de solo US$9.700 millones, Venezuela encara obligaciones para 2018 de unos US$8.000 millones, la mayor parte en el segundo semestre. Si Caracas suspendiera los pagos sobre el conjunto, se trataría de un nuevo récord en materia de insolvencia de Estado, tras la de Argentina, que en 2001 bajo la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, suspendió el pago de 100.000 millones de dólares suscritos ante acreedores privados.
En principio parecería no haber riesgos de un efecto contagio en la región. Los analistas del Mercado hace tiempo que vienen previendo este escenario y otros países con deuda y déficit fiscal (como Argentina) no deberían verse afectados. Venezuela ha colaborado con esto indirectamente al restringir las inversiones extranjeras reduciendo incluso su comercio con Colombia, su vecino más cercano. Suspendido del Mercosur tras el conflicto del Poder Ejecutivo con el Parlamento, tampoco allí debería tener consecuencias la noticia.
Y como mencionábamos al principio, este default podría ser útil a las necesidades políticas del chavismo, que, tras su polémico triunfo en las elecciones regionales del 15 de octubre pasado, se ha envalentonado con la posibilidad de ganar las presidenciales del año próximo y reelegir a Maduro, algo que hace pocos meses atrás parecía imposible.
Primero porque usará las medidas de Trump como argumento para justificar el cese de pagos profundizando el siempre vigente discurso chavista sobre las responsabilidades del imperio en sus desgracias. Pero en segundo lugar porque podría usar el dinero que se ahorre en importar bienes esenciales que hoy escasean y que alimentan la impopularidad del gobierno.
Probablemente a largo plazo el Default traiga grandes dolores de cabeza (recordar fondos buitres en Argentina) e incluso algunos analistas advierten que Venezuela podría perder en medidas de expropiación (que paradójicamente aplicó en su territorio) la filial estadounidense de PDVSA, CITGO una petrolera que opera en territorio norteamericano y que incluso donó medio millón de dólares a la ceremonia de asunción de Trump en enero de este año.
Con Citgo hay mucha tela para cortar porque Rusia compró recientemente el 49,9% de esa empresa que tiene tres refinerías, en Texas, Illinois y Luisiana, y una red de 15 mil estaciones de servicio. Moscú consiguió esa participación por un préstamo de hasta US$ 5 mil millones que proveyó la petrolera rusa Rosneft. Así como se lee, Rusia y Venezuela tienen una empresa que opera en EE.UU.
En la misma línea, una de las primeras medidas que tomó la Constituyente chavista conformada en septiembre pasado, fue la de suprimir los límites de la Constitución chavista de 1999 a la explotación extranjera de los recursos petroleros y gasíferos del país. Según el Financial Times, que cita a su vez investigaciones de la agencia Reuters, se habilita por primera vez a un país extranjero – en este caso Rusia - a comercializar el petróleo venezolano por fuera de PDVSA.
Otra de las cartas que guarda Maduro es que, con el nerviosismo que genera el default, los bonos bajen y empresarios afines o sus socios Rusia y China recompren parte de la deuda. Incluso, según el analista venezolano Luis Vicente León, una re financiación interesa al mercado financiero internacional y a grandes inversionistas estadounidenses, por lo que Maduro estaría tras "aliados" en Estados Unidos para "un lobby que busque flexibilizar las sanciones impuestas por Trump". Business are Business.