El intendente peronista de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich, quedó envuelto en una sospechosa maniobra al momento de llevarse a cabo una licitación por trabajos de seguridad vial en el distrito. En la apertura de sobres, una de las empresas que competía denunció irregularidades y las miradas se posaron sobre el jefe comunal, que a principios de año había puesto fin al contrato con los anteriores operadores. Por estos días se espera un nuevo llamado a apertura de sobres.
El municipio integra la Red Provincial Municipal de Seguridad vial desde principios de 2015, habiendo recibido de acuerdo al convenio de cooperación firmado con la UTN y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dos cinemómetros fijos multicarril y dos equipos de control de luces encendidas que fueron instalados en la ruta 51, precisamente sobre el km 96.7, junto con un cinemómetro móvil de tecnología láser para operativos de control de velocidad dentro de todo el partido. En aquel distrito indican que se han obtenido muy buenos resultados en cuanto a los controles viales y, por ende, se lograron disminuir los incidentes viales.
En febrero de 2017, cuando aún quedaban dos años de contrato por delante, Ostoich decidió cancelar el contrato. Fundamentó un presunto incumplimiento. Aquello se concretó el primer día de marzo: la UTN hizo oficial el fin del vínculo y entregó todo el equipamiento, valuado en más de $ 4.000.000. Así dio por terminada la relación con el municipio. Esta situación dejó al distrito con el equipamiento pero sin los servicios necesarios para operarlos, mantenerlos y procesar la información que ellos producen. Así es como los concejales de Cambiemos, preocupados, comenzaron a solicitarle al intendente una serie de informes para que explique la realidad.
Un mes después, en abril, entra en escena la empresa SECUTRANS S.A., que se presenta ante las autoridades provinciales para hacerse cargo de dichos servicios. Aunque no existía un contrato legalmente formalizado con el municipio "excepto que hubiera sido contratada en forma directa, violando las normativas vigentes en materia de contrataciones", indican desde aquella ciudad del norte bonaerense.
Después de varios meses de idas y vueltas y con el proyecto de seguridad vial parado, el municipio publica a mediados de septiembre un llamado a licitación que sorprendió a la oposición. Así es como dan cuenta de una serie de irregularidades: "la negativa de venta del pliego a determinadas empresas locales, aduciendo que pertenecían a la Cámara Empresaria que agrupa a más del 80% de las empresas argentinas dedicadas a la seguridad vial y más ridículo aún el hecho que aceptan poner a la venta el pliego un día después del fijado como límite para presentar las ofertas", expresó una fuente de Capitán Sarmiento.
"Solo se venden dos pliegos, uno a la empresa SECUTRANS S.A. y el otro a la empresa cordobesa COINTRA S.R.L., a la que se le permite participar de la apertura de la licitación el lunes 9 de octubre pasado", relató además.
Esto ocasionó un bochorno interno, que ya llegó a oídos del gobierno provincial. Es que después de la apertura del sobre de COINTRA S.R.L., que ofrece cobrar un canon de 38%, se abre la oferta de SECUTRANS S.A. y ahí es cuando el abogado de la primera empresa nota que aparecen dos cotizaciones: una con un canon de 55% y otra con 35%, incorporando además el representante de SECUTRANS S.A. luego de la apertura documentación adicional que no se encontraba en el sobre.
Tras los correspondientes reclamos, se labró un acta para dejar sentadas por escrito todas estas irregularidades, con firma de las autoridades intervinientes. Inmediatamente después, COINTRA S.R.L. intimó por carta documento al municipio para que directamente anule el acto licitatorio, tras las irregularidades detectadas. El municipio aceptó el reclamo y notificó a esa empresa de que la licitación quedaba desierta.
Semanas más tarde, desde la gestión de Ostoich anunciaron que se realizaría un nuevo llamado a licitación para los próximos días. En aquel distrito están siguiendo de cerca lo que pueda pasar, porque incluso hay quienes pronostican que de repetirse un procedimiento similar, el intendente y los dueños de la empresa SECUTRANS S.A. podrían terminar en Tribunales.
