“Dentro de una semana nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando”, dijo Elisa Carrió cuando salió del recinto de la Cámara de Diputados, que había votado el desafuero del ex ministro Julio De Vido. La reflexión de la chaqueña fue camino al ascensor que la conducía a la salida, cuando un colaborador muy cercano le señaló que jamás se hubiera imaginado una foto así “en este país”. “Lilita estaba sobrecogida, como cuando le contaron en la primera vuelta porteña que había superado el 50% de los votos en el mismo lugar donde había perdido”, confió a Letra P uno de los testigos de la breve escena que compartió la jefa de la Coalición Cívica (socio menor de Cambiemos) poco después de que el movilero de un programa de televisión, muy cercano al Gobierno, pudiera “zafar” de la seguridad en el recinto para entrevistar brevemente a la chaqueña.
La imagen que Carrió construyó, tres días después de las elecciones del domingo, fue el costado público de la euforia que los funcionarios de la Casa Rosada buscaron contener y disimular. Ante las consultas de Letra P, un funcionario de la jefatura de Gabinete conducida por Marcos Peña contestó tajante: “Acá no hay nada de nada. Nadie le da bola a este tema. Cuando se vota el mensaje es claro”, espetó el funcionario para despegar al Gobierno de un “timing” judicial que los beneficia desde antes del resultado electoral del domingo.
Sin embargo, lejos de la mesura que buscaron mantener en el primer piso de la Casa Rosada, en otros despachos se animaron a sortear la instrucción de “volar bajito”. “Fue una semana brillante” murmulló un alto funcionario del Gabinete, en referencia a una semana que todavía no termina, y que arrancó el viernes a la medianoche, cuando el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, apareció en la puerta de la Morgue Judicial y dijo que el cuerpo del joven Santiago Maldonado no tenía lesiones. Luego vino el resultado electoral del domingo y dos días de hiperactividad presidencial donde Cambiemos buscó capitalizar la dispersión del peronismo, y el impacto de las urnas sobre los caciques provinciales que calculan cómo será la interlocución con Macri, cuando se concrete la puesta en escena prevista en el CCK para el lunes próximo. En medio de ese envión, el Gobierno experimentó su influencia sobre esos mandatarios para obtener un desafuero masivo en diputados: en privado, fue la antesala de la euforia contenida este miércoles que algunos funcionarios no pueden ocultar, mientras Carrió juega como la vocera elegida por el oficialismo, para asegurar que espera más detenidos en las causas judiciales que ella impulsa y que el Ejecutivo auspicia, aunque sus voceros se empecinan en sostener lo contrario.
“Sabemos que los diputados del peronismo no quieren lavar los platos de la fiesta de la que no participaron”, graficó un importante "lilito", que se fundió en abrazos con Carrió, la misma que este martes asistió impávida a la renuncia que presentó el ex carapintada Juan José Gómez Centurión a la dirección de la Administración Nacional de Aduanas, en medio de una tormenta de rumores que van desde su estado de salud, hasta su malestar por no cumplir con pedidos específicos, en una zona del Gobierno que la propia diputada caracteriza como “oscura”. Hasta la votación del desafuero en Diputados, la renuncia de Gómez Centurión, también estuvo acompañada por versiones de malestar de Alberto Abad, director Ejecutivo de la AFIP, y uno de los superiores del ex militar. Gómez Centurión, que ya trabajó para Macri cuando estuvo al frente de los inspectores municipales, fue removido provisoriamente hace casi un año por denuncias de corrupción y devuelto al cargo poco tiempo después. Fue gracias al respaldo que le dio Carrió. Casi un año después, la mujer no dijo una palabra al respecto, y ante las consultas de este medio uno de sus voceros no pudo confirmar si fue consultada sobre la partida del jefe de la Aduana. "El domingo tomaron un café con Macri y hablaron un rato", acotó la fuente consultada.
La confusión que rodea a la partida del ex carapintada de un cargo estratégico para Macri, no es el único problema interno del oficialismo que fue apabullado entre los festejos del domingo y la detención de De Vido. Diez días antes, dentro de la Casa Rosada, tuvieron que contener la respiración ante la resistencia que ofreció la entonces candidata a diputada porteña Joanna Picetti, cuando se negó a abandonar la candidatura, a pesar de la vinculación a presuntos abusos sexuales cometidos por ella a los tres hijos de la pareja que tuvo. Tan grave fue el escándalo interno, y el temor en el Gobierno sobre su empeoramiento, que los apoderados de Cambiemos tuvieron que presentar un pedido de impugnación de su propia candidata ante la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría, que la sacó de la lista con una premura que calmó a la Casa Rosada.
No es la única candidatura que despertó alarmas en Cambiemos. Este jueves se cumple una semana de la aparición sin vida del cuerpo del abogado Fabian Puchulu, primer candidato a edil en el partido bonaerense de Ayacucho por el oficialismo. Padre de tres hijos, fue hallado sin vida dentro del baño de su despacho con un disparo en la cabeza. Las sospechas giran en torno a un suicidio, pero la conmoción no aplacó los rumores y dudas alrededor de la gobernadora María Eugenia Vidal, que también tuvo que concentrar su atención en otro caso, menos conocido, pero igualmente llamativo. Se trata de Juan Ignacio Vitalini, abogado penalista y hermano de Nicolás, presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca y hasta la semana pasada candidato a primer concejal por Cambiemos. Según reveló el diario Tiempo Argentino, el candidato tenía el "cargo de Director en la intendencia de Héctor Gay" y cuenta con una causa abierta sospechado de ingresar cocaína a un tribunal, un año después de que el diario La Nueva Provincia lo denunciara por cobrar “por una tarea que no hace”. Vitalini no afrontó impugnaciones, ni cuestionamientos: asumirá el 10 de diciembre el cargo de concejal bahiense.
Las luces de emergencia que se apagaron el domingo, volvieron a encenderse el martes, cuando el diario Página 12 reveló que la Justicia trabó un embargo por 8 millones de pesos contra el primo presidencial e intendente de Vicente López, Jorge Macri, en marco de la investigación por presunto delito de lavado de dinero en la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La medida fue ordenada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y fue solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello. También está involucrada su consorte Florencia de Nardi, dentro de un caso que indaga una maniobra presuntamente fraudulenta que se habría realizado mediante una empresa registrada en Miami que recibió un llamativo préstamo proveniente de una firma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. La situación penal del "primo Jorge" casi no tuvo impacto en los grandes medios y fue virtualmente ignorado por el Gobierno, pero no por Carrió, que ya ha vinculado al alcalde municipal con el narcotráfico en distintas oportunidades.
Todos esos escándalos, que encierran tramas que Cambiemos busca negar hasta las últimas consecuencias, fueron disipados por los resplandores de una "semana brillante".
