El 24 de agosto la Legislatura porteña modificó la ley de corredores inmobiliarios y, mediante un proyecto enviado por el Gobierno de la Ciudad que fue aprobado por unanimidad, decidió que los inquilinos no abonen más la comisión que las inmobiliarias cobran por intermediar entre propietarios y los interesados en alquilar un inmueble. A dos meses de su sanción, la asociación civil Inquilinos Agrupados denuncia que la normativa “no cuenta con ningún tipo de control” por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El tema se presentó como “ley de alquileres”, pero no existe esa normativa a nivel local. La iniciativa avanza sobre la Ley N°2340 que regula las condiciones del ejercicio de la profesión de los corredores inmobiliarios y fue aprobada en mayo de 2007, a cinco meses del arribo de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. La modificación clave es que se obliga al dueño a abonar la comisión pero, según la agrupación, “un sector de las inmobiliarias sigue haciendo uso de su capacidad de extorsión de los inquilinos y continúa cobrándoles comisiones”.
Desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) informaron que recibieron más de 400 mails sobre “consultas legales” sobre la modificación de la ley de alquileres y que todos fueron contestados. Además, fuentes del organismo que conduce Juan Ignacio Maquieyra indicaron a este medio que “también se recibieron cinco casos presenciales” y que “quienes se acercaron al IVC recibieron el asesoramiento legal correspondiente” sobre cuestiones referidas al porcentaje a abonar por día de atraso en pago de contrato, entre otras cosas.
Por otra parte, explicaron que “hasta ahora no se recibió ni una sola denuncia sobre inmobiliarias que hayan querido cobrar comisión inmobiliaria”. “Hubo preguntas sobre la vigencia de la ley, únicamente”, reconocen.
La normativa, aprobada en agosto y vigente desde septiembre, prohíbe expresamente el cobro de comisión a inquilinos en los casos en que el inmueble sea destinado para vivienda. La modificación presentada por el Gobierno porteño contemplaba un procedimiento de denuncias ante posibles abusos que debía realizarse en las oficinas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
“La única iniciativa que han tenido hasta el momento es abrir una sección en su página web para contestar las consultas legales que formulan los inquilinos”, sostienen desde Inquilinos Agrupados.
De acuerdo a la denuncia de la asociación, “si un inquilino pretende ir personalmente a las oficinas del IVC a denunciar a una inmobiliaria, el sistema pide que previamente, se solicite turno en el 147”. “Una vez que se llama a ese número, quien contesta no está interiorizado sobre el tema, no carga la denuncia telefónica y no deriva la consulta al IVC, sino a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, agregaron.
Según pudo saber Letra P, el llamado al centro de atención 147 que fue derivado a la Defensoría existió. “Fue un error de un operador. Pasó una sola vez, ya se notificó y se explicó a la coordinación del 147 para que sepan que las denuncias deben ser derivadas al IVC. Ni a la Defensoría ni a ningún otro organismo”.
