Conmoción nacional

Encubrimiento: el expediente que preocupa al núcleo duro del Gobierno

Qué elementos reunió el fiscal Federico Delgado para avanzar contra Macri, Peña, Bullrich, Garavano, Avruj y Noceti, acusados de proteger a la Gendarmería. Los testimonios y las contradicciones.

Con la confirmación, por parte de la familia de la víctima, de que el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado, existe un expediente judicial que podría salir del letargo que duerme en la Cámara Federal Porteña. Se trata de la denuncia por encubrimiento que presentó la Liga por los Derechos del Hombre contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su jefe de asesores, Pablo Noceti; el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por el delito de encubrimiento para ocultar el rol de la Gendarmería Nacional en la desaparición del joven desaparecido.

 

Ese expediente es habitualmente denostado por los voceros de la Casa Rosada, que apuntan al fiscal Federico Delgado, a cargo de la acusación y de otras causas sensibles para el oficialismo, como Time Warp y Panamá Papers. El caso fue sorteado y recayó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que se declaró incompetente porque consideró que el expediente debía ser enviado a Esquel, a manos del magistrado Gustavo Lleral, que instruye las actuaciones por "desaparición forzada" y un habeas corpus. Delgado apeló la decisión de Canicoba y la controversia pasó a manos de la Sala II de la Cámara Federal para definir su destino, una definición que todavía no ha ocurrido, a pesar de la audiencia realizada esta semana para escuchar las posiciones de las partes.

 

Fiscal federal Federico Delgado.

 

 

Sin embargo, fuentes con acceso a ese expediente confirmaron a Letra P que, a partir de los testimonios que formularon los uniformados intervinientes en el desalojo de la ruta 40, "hay un grupo de gendarmes que están seriamente comprometidos, porque existen notables contradicciones en sus declaraciones y porque confirman el presunto ocultamiento de pruebas", detalló la fuente judicial en referencia a la lectura de textos, escucha de audios y entrecruzamiento de más de 70 celulares incautados a los efectivos que participaron del desalojo ocurrido hace 80 días.

 

A partir de estos datos, confió el funcionario consultado, la fiscal federal de Esquel Silvina Avila y la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) le solicitaron al juez Lleral una serie de medidas para confirmar las sospechas que surgieron de las contradicciones entre los gendarmes. Entre ellas, la solicitud de todos los llamados realizados antes, durante y después del 1° de agosto por Noceti. El rol del funcionario es clave para los investigadores, porque tuvo funciones institucionales de enlace entre la cartera de Bullrich y los mandos de Gendarmería que operaron en la zona. Sin embargo, a pesar de la llamativa demora del magistrado para peritar el celular del funcionario, las contradicciones de los gendarmes investigados se multiplican con el correr de las horas.

 

 

 

Cuando Canicoba se declaró incompetente, Delgado apeló su decisión. “Resulta evidente que tanto la averiguación de la verdad como el ejercicio del derecho de defensa inclinan la balanza hacia la justicia federal de esta ciudad, sede de las mismas”, argumentó el fiscal. "Lo único claro y distinto de momento es que Santiago desapareció, que podría haber agencias de seguridad involucradas y que se reaccionó de alguna manera o de otra frente a esos hechos. Este expediente separado y en la justicia federal criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se justifica en que es preciso someter a investigación esa reacción, porque los denunciantes sospechan que podría involucrar acciones u omisiones delictivas”, detalló el fiscal en referencia al “pacto de silencio” de las “autoridades nacionales, por cuanto, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.

 

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