A sólo ocho meses de estar en el poder nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, podría enfrentar su primera causa penal: el fiscal federal Federico Delgado promovió este lunes una investigación en su contra por el uso de las bases de datos de la ANSES para campañas de comunicación oficial.
La denuncia fue presentda por la abogada Valeria Laura Carreras, quien también inició una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar el traspaso de las bases de datos.
“La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno”, indicó el fiscal.
La acción judicial apunta a la legalidad –o no- “del convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Según la abogada Carrera, “los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y por ende sensibles”.
El fiscal le propuso al juez federal Sebastián Casanello que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia, “evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES”.
Paralelamente, lo propio deberán hacer la Procuración del Tesoro de la Nación y “dos expertos más independientes del Poder Ejecutivo Nacional”.
El fiscal también quiere saber cómo está el expediente que tramita ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento, que prácticamente no ha registrado movimientos en las últimas dos semanas.