La ONU cuestionó el decreto de Macri que autoriza el derribo de aviones
El secretario Claudio Avruj escuchó en Ginebra la inquietud del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la declaración de emergencia en seguridad. El funcionario prometió una ley.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le transmitió al Gobierno argentino su inquietud por el decreto de emergencia en seguridad que dictó a principios de enero de 2016 el presidente Mauricio Macri. A pesar de la vigencia de una ley que lo impide, la disposición faculta a las Fuerzas Armadas a involucrarse en seguridad interior y, específicamente, a derribar aviones que ingresen al espacio aéreo nacional en actitudes que sean consideradas “hostiles”, lo que supone el establecimiento, por decreto, de lo que se conoce como Ley de Derribo.
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Esta semana, la gestión Cambiemos compareció por primera vez en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para explicar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en Argentina es parte integrante de la Constitución Nacional. La presentación del Quinto Informe Periódico al respecto estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que consideró que la “Argentina puede estar orgullosa de lo que ha hecho y hace por los derechos humanos”. Las declaraciones del funcionario fueron reproducidas mediante un comunicado oficial de la Presidencia, en el que el secretario apareció respaldado por el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, que, en su calidad de “representante Especial para los Derechos Humanos de la Cancillería”, agradeció "el reconocimiento que nos han hecho los expertos por el lugar de liderazgo que tiene Argentina a nivel mundial". Acaso adhiriendo al precepto que indica que no contar toda la verdad no es mentir, la Casa Rosada hizo un recorte conveniente de la realidad: omitió las críticas y las inquietudes que debió escuchar Avruj de parte de los expertos internacionales. El relato lo completó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
SEGURIDAD INTERIOR. Uno de los principales cuestionamientos tuvo que ver con la reciente habilitación “a las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior”, una instancia que “se podría desprender de la Declaración de Emergencia en Seguridad de enero 2016 y la autorización del derribo de aviones”. Al respecto, Avruj reconoció la implicancia del decreto, pero informó que el Gobierno “presentará un proyecto de ley para cumplir con los estándares internacionales”, es decir, para limar los peligros que ese decreto implica.
El decreto de la controversia estableció la facultad de "identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”.
En su momento, la Casa Rosada explicó que las Reglas de Protección Aeroespacial incluyen la posibilidad de derribar a las aeronaves que las Fuerzas Armadas identifiquen como "hostiles", y que esa condición estará dada por la capacidad para "perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional". La medida fue una de las propuestas que formaron parte de la plataforma del candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa. El diputado nacional se encontraba en vuelo hacia Suiza, como parte de la comitiva que acompañó al presidente Macri al Foro Económico de Davos, cuando el Gobierno difundió el decreto.
Consultado por Letra P, el jurista Roberto Carlés había advertido que la norma viola "la ley que impide que las Fuerzas Armadas intervengan en la vida civil", y que implica cederles la potestad de derribar una nave "en base a la presunción de que se está cometiendo un delito".
LAS OMISIONES DE AVRUJ Y DESPOUY. La velocidad en la difusión de las declaraciones celebratorias de ambos funcionarios tras su periplo a Ginebra preservaron buena parte de lo que pasó en la sesión del CDH. Pero los detalles habían sido difundidos por el CELS poco antes de que el Gobierno difundiera las palabras de ambos funcionarios.
En el comunicado difundido, el CELS informó que Avruj y su coequiper tuvieron que explicar las razones del “desmantelamiento de áreas importantes del Poder Ejecutivo” que apoyaban ese proceso. Al respecto, explicaron que esas tareas “no serán afectadas” y ratificaron que “el proceso de verdad y justicia es una política de Estado”, aunque se negaron a contestar “sobre la falta de conformación de la comisión bicameral que debe investigar la complicidad económica y sobre el compromiso del Estado con el avance de las causas judiciales que involucran a empresarios”.
TORTURAS EN CÁRCELES. Otra inquietud tuvo que ver con la situación en las cárceles. En ese tema, informó el CELS, “el Estado reconoció que incumple sus obligaciones internacionales al no implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, aunque Avruj se comprometió a “ponerlo en marcha”.
Sobre el tema específico de la tortura, los integrantes del Comité le preguntaron al secretario “cómo el Estado aseguraba la no impunidad de hechos de tortura en las cárceles y cómo el autogobierno del servicio penitenciario sostiene prácticas violentas”. Avruj atajó esa pregunta amparándose en “la declaración de emergencia del Sistema Penitenciario Bonaerense” y habló de una “mesa de trabajo con participación de organizaciones sociales como una de las medidas concretas para revertir la situación”, una instancia que todavía no ha ofrecido fruto alguno, aunque la emergencia penitenciaria ya lleva meses de vigencia.
VIOLACIONES SIN RESPUESTA. Varias preguntas fueron realizadas en forma virtual, e incluyeron otros asuntos como las “ejecuciones y lesiones graves cometidas por las fuerzas de seguridad contra Alan Tapia, Lautaro Bugatto, Lucas Cabello, Gabriel Solano, Franco Casco y Gerardo Escobar”. En cada caso, el Gobierno argentino deberá aportar “información precisa sobre las investigaciones judiciales en estos casos para impedir la impunidad, pero, como no hubo una respuesta durante el diálogo, uno de los miembros solicitó que el Estado presente información por escrito”.
PUEBLOS INDÍGENAS EN SALTA. Los integrantes del comité también pidieron información sobre “la situación de la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat”, que habitan en la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey. Según informó el CELS, las consultas giraron en torno a la ausencia de “demarcación del territorio de las comunidades” y preguntaron “cuándo se les va a entregar el título colectivo y cuándo se realizarán las obras para garantizar los traslados de las familias criollas que viven en esas tierras”. La respuesta oficial reconoció el incumplimiento, pero al mismo tiempo destacó el acompañamiento realizado a la Comunidad la Primavera, de la tribu Qom de Misiones. Los expertos habían consultado sobre “la criminalización de los miembros de las comunidades indígenas” y Avruj se defendió con el decreto firmado por Macri que creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas.
Al finalizar el encuentro, Avruj no dijo una palabra sobre esos puntos. Por el contrario, opinó que “ha quedado muy claro, y así ha sido reconocido, que tenemos una agenda muy amplia de derechos humanos donde los temas de los pueblos originarios, diversidad sexual, multiculturalismo y pluralismo cultural, violencia de género e institucional y por supuesto Memoria, Verdad y Justicia son ítems mirados como ejemplo para ser imitados en otros países”.
