El presidente Mauricio Macri autorizó a las Fuerzas Armadas a derribar aviones “hostiles” que ingresen al espacio aéreo nacional y, de esa manera, estableció lo que se conoce como Ley de Derribo, aunque, en este caso, lo hizo por decreto.
La facultad de "identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino" está incluida en la declaración de la emergencia en seguridad que el mandatario dispuso por un año para todo el territorio nacional.
En un comunicado difundido este martes por la Casa Rosada, se explica que las Reglas de Protección Aeroespacial establecen la posibilidad de derribar a las aeronaves que las Fuerzas Armadas identifiquen como "hostiles", y que esa condición estará dada por la capacidad para "perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional".
Fuentes del Ministerio de Seguridad consultadas por el portal Infobae negaron que, con este decreto, Macri esté implantando, sin consultar al Congreso de la Nación, una regulación equiparable a la denominada Ley de Derribo. No obstante, el texto de la disposición es claro en ese sentido.
Una norma de esas características, cuyos defensores señalan como una herramienta necesaria para combatir a las organizaciones del narcotráfico que perforan las fronteras por aire, le había sido reclamada al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por distintos sectores de la oposición.
Asimismo, fue una de las medidas que formaron parte de la plataforma de propuestas del candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, quien ha tejido un acuerdo de gobernabilidad con el PRO. El diputado nacional se encontraba en vuelo hacia Suiza, como parte de la comitiva que acompaña al presidente Macri al Foro Económico de Davos, cuando el Gobierno difundió el paquete de la emergencia en seguridad que incluye la versión por decreto de la Ley de Derribo.
La corriente jurídica que se opone a este tipo de normativa argumenta que el presidente de la Nación no está facultado a legislar en materia penal y que una regulación que autoriza el derribo de aeronaves viola las garantías procesales porque implica un juicio sumarísimo sin derecho a la defensa y, más aún, la implantación virtual de la pena de muerte.
Consultado sobre la decisión presidencial, el jurista Roberto Carlés le dijo a Letra P que la norma viola "la ley que impide que las Fuerzas Armadas intervengan en la vida civil", y que implica cederles la potestad de derribar una nave "en base a la presunción de que se está cometiendo un delito". Respecto de la posibilidad de que el Presidente se esté arrogando, mediante este decreto, la facultad de legislar en materia penal, Carlés consideró que es "controvertible porque lo que está haciendo no es legislar sobre una acción estatal con posterioridad a un delito sino sobre un presunto delito".