GOBIERNO PORTEÑO

Ahora, Larreta quiere derogar la ley que le regaló a Santa María

Intenta borrar la normativa que creó el Consejo de la Propiedad Horizontal, que le trajo dolores de cabeza por el constante repudio vecinal. Propondrá una nueva ley. Las variantes en la Legislatura.

Otra vez los vecinos. Como durante todo el verano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a recibir reproches de los ciudadanos por la sanción de la ley que crea el Consejo de la Propiedad Horizontal. Esta vez el escenario fue una oficina del microestadio del Club Ferrocarrill Oeste, donde el alcalde, ante la insistencia, debió reconocer que avanza la posibilidad de derogar la normativa sancionada con 58 de 60 votos de la Legislatura porteña, mediante un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria.

 

El Parlamento local aprobó en diciembre una iniciativa que crea un organismo que regulará los consorcios de los edificios porteños y que posee un Comité Ejecutivo de 11 miembros de los cuales al menos seis estarían relacionados con el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), que conduce el titular del PJ porteño, Víctor Santa María.

 

Según la redacción de la iniciativa, el organismo se financiará con el dinero que sale de las matrículas que expide el Consejo, las capacitaciones que dará a consorcistas y las sanciones que aplicaría en caso de irregularidades en edificios. Este análisis es el que hicieron los administradores apenas se toparon con el expediente. Concretamente, los administradores de consorcios abonarán esas sumas pero resulta que eso conllevaría, como los propios consorcistas advirtieron, un incremento en las expensas.

 

Ante el reclamo social, que explotó en marzo y se repitió en encuentros con vecinos de distintas comunas, Larreta comenzó a desmontar el acuerdo que forjó con el presidente del SUTERH, en el cual también participaron el ex titular de la Magistratura porteña Juan Manuel Olmos y el ex vicepresidente primero de la Legislatura y actual ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

 

La novedad de la derogación exhibe un cambio de estrategia por parte del oficialismo, que hasta hace pocas horas barajaba la posibilidad de votar una reforma a la Ley Nº5464 en acuerdo con el bloque Confianza Pública. Ese borrador quedó frenado porque hay distintas posturas en torno al a integración del Comité Ejecutivo del Consejo: la bancada de Graciela Ocaña quiere reducir el espacio para el sindicalismo a uno, el PRO ofrece dos y el kirchnerismo no quiere modificar ese artículo de la ley. En total, son 11 miembros y, con la normativa aprobada en diciembre, la balanza quedaba en favor de Santa María.

 

“Como está no va salir. Es más fácil empezar una nueva ley”, les comunicó Larreta a los cerca de 400 vecinos que se acercaron hasta el histórico club de Caballito en la húmeda tarde del jueves. Acto seguido, y en señal de aprobación, los vecinos presentes, en su mayoría jubilados, se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir al jefe de Gobierno.

 

Los diputados macristas ya sabían de la idea desde el miércoles por la mañana. Se los comunicó el jefe de bloque, Francisco Quintana, antes de bajar al recinto para escuchar el informe de gestión del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

 

El ministro coordinador viene siguiendo el tema desde hace unas semanas. Quien primero recogió el guante fue Eduardo Macchiavelli, que recibió la orden de Larreta de diseñar un proyecto “reparador”. Lo escribió, lo presentó en la Legislatura pero luego chocó con Santa María, que enfureció cuando sus espadas en el recinto porteño le hicieron llegar el expediente modificador del Ejecutivo. Los diálogos entre el ministro de Ambiente y Espacio Público y el titular del PJ no fueron del todo amistosos y debió intervenir Miguel.

 

Para frenar los cuestionamientos de propietarios y consorcistas, el Gobierno echó a rodar un expediente con modificaciones en el Comité Ejecutivo y una novedad: poder de veto para el presidente del Consejo de la Propiedad Horizontal. Además, aceptó revisar la cantidad de representantes del sindicalismo, pero no alcanzó.

 

La primera vez que le informaron a Larreta acerca de la posibilidad de derogar la ley, que él mismo promulgó en enero, no le pareció el camino correcto y devolvió: “Sigan negociando”.  Además, tuvo que repetir a sus interlocutores que no hay la mínima intención de entrar en conflicto con Santa María y que aconsejaba evitar su enojo.

 

Las modificaciones se continuaron discutiendo en la Legislatura, pero el bloque PRO no sumaba los 31 votos necesarios para sancionar el proyecto y reformar los artículos que generaron molestias de vecinos, inquilinos, consorcistas y autoridades de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). Como el reclamo vecinal se repetía semana a semana y el acuerdo político no llegaba, el jefe de Gobierno revió su postura y piensa ahora en la derogación como una posibilidad concreta.

 

El conflicto que sigue es determinar cómo avanzar con esa derogación. La negociación ya comenzó hace días. Una de las posibilidades que se barajan es impulsar el proyecto que presentó el legislador socialista Hernán Arce, que apunta directamente a borrar la normativa que fue publicada en el Boletín Oficial porteño el 12 de febrero. Ese objetivo no resulta complejo para el PRO: necesita sumar tres voluntades a sus 28 legisladores.

 

De todas formas, el oficialismo quiere votar la derogación este jueves y con los votos de quienes trabajaron por modificar la normativa, tanto con Confianza Pública como con el Frente para la Victoria. A los ediles kirchneristas les plantearon el panorama vecinal de repudio al expediente, que fue bautizado por quienes lo rechazan como "ley Muñoz", por el ex diputado K Fernando Muñoz, que presentó la iniciativa en 2015. Larreta no es el único que piensa en 2017.

 

Hay varios bloques anotados a favor de la derogación que impulsa el socialsimo. El Frente Renovador, la Coalición Cívica, el Partido Socialista Auténtico, Bien Común y SUMA + ya le adelantaron a sus colegas del PS que acompañan el expediente. La duda es qué hará el PRO ante ese panorama: dejar correr el documento del socialismo o trabajar por una nueva derogación.

 

Una vez derogada la Ley N°5464, la idea del Ejecutivo es abrir las puertas a un debate amplio con todos los sectores involucrados para redactar una nueva normativa. Esta postura, alentada por el alcalde, desnuda una realidad: tal como funciona en la actualidad, el Registro Público de Administradores de Consorcios de la Ciudad no parece ser de mucha utilidad. Sin embargo, advierten en Uspallata 3160, falta tiempo para que eso ocurra. Mientras tanto, se volverá a la instancia de regulación previa a la ley, que cosecha críticas desde hace tiempo y, entre otras cosas, fue la causa que motivó la creación del polémico Consejo.

 

Como informó Letra P en marzo, el Consejo de la Propiedad Horizontal en sí mismo tiene consenso en la mayoría de  los sectores porque nadie está dispuesto a continuar con el sistema actual de registro de consorcios: se hace online por medio de la página web del Gobierno porteño y posee indicaciones básicas. Los administradores se quejan porque quienes manejan esa dirección no son “especialistas”. Por eso avalan la creación de un Consejo que agrupe a sindicatos, empleados y propietarios, aunque no el promovido por el oficialismo y el peronismo que, según la ley aprobada, beneficia al sindicato que dirige Santa María.

 

Curiosamente, tanto el SUTERH como los consorcistas trabajan desde hace tiempo en silencio para modificar ese registro y formar una especie de organismo que ordene la vida de los edificios, los propietarios, los encargados, los consorcios y los inquilinos. En el medio de la discusión, emergió una propuesta del diputado del PRO Eduardo Santamarina: formar un Colegio de la Propiedad Horizontal. Sería como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

 

El Consejo de la Propiedad Horizontal jamás comenzó a operar porque los representantes de la Cámara de la Propiedad Horizontal se ausentaron de la primera reunión convocada. No hubo quórum y se cayó la sesión constitutiva. Los aspectos legales estaban al día: Larreta ya había promulgado y girado al Boletín Oficial la ley.

 

Javier Milei se trasladó en helicóptero al Cabildo de la capital cordobesa.
Lourdes Arrieta, la diputada del patito en la cabeza, a cargo del armado de La Libertad Avanza en Mendoza. 

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