ACUERDO ENTRE NACIÓN Y CIUDAD

Traspaso del juego: éste es el hombre de Larreta que controlará el proceso

Martín García Santillán es un abogado de su riñón, aunque también tiene nexo con Torello y De Andreis. Deberá seguir el proceso de concreción de la transferencia autorizada por Macri.

El presidente Mauricio Macri cumplió la promesa solapada que le hizo en campaña a su sucesor en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y este viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 743/2016 que traspasa el manejo total de los juegos de azar que controla Lotería Nacional al ente idéntico que existe en el distrito porteño.

 

“Sin que implique desconocimiento ni limitación del poder de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la vigencia del referido Convenio, resulta conveniente convalidar un procedimiento para que -de manera ordenada y sin afectar derechos adquiridos- se efectivice la asunción de competencia que le corresponde a la jurisdicción local”, reza la medida confirmada este viernes, que también fue rubricada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

 

La norma establece la conformación de una Comisión de Enlace, integrada por miembros de Lotería Nacional y del Instituto de Juegos de Apuestas porteños. El objetivo es que en un plazo menor a cuatro meses se conforme un cronograma de trabajo para perfeccionar la “asunción de competencias en la materia” por parte de la Ciudad.

 

Quien se encargará de seguir de cerca ese delicado proceso es Martín García Santillán, un abogado del riñón de Larreta que tuvo un paso por la Agencia Gubernamental de Control y por el Ente de Turismo porteño.

 

En diciembre de 2015, cuando ya tenía definido su reemplazante, Larreta le pidió la renuncia al ex titular del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires Néstor Alejandro García Lira. Si bien la oferta para presidir el Instituto llegó por medio de una llamada telefónica del alcalde, García Santillán cuenta con la recomendación de la línea histórica del PRO denominada Compromiso Para el Cambio (CPC) y en especial de José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el asesor jurídico a quien Macri escucha con mayor atención por estos días.

 

“Pato” García Santillán es un abogado de 36 años recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA) que dejó su labor profesional para desembarcar en la estructura del Gobierno porteño. Ingresó al PRO en 2008, cuando trabajó en la Dirección General de Recuperadores Urbanos del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público que dirigía Juan Pablo Piccardo, actual titular de Sbase. Además, trabajó en la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y en el Ente de Turismo, bajo la dirección del ahora secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis. También, fue coordinador legal y técnico en el IVC.

 

Cuando le ofreció el cargo, el jefe de Gobierno le encomendó avanzar sobre la fiscalización del juego por parte de la Ciudad. Tiempo después, gracias al decreto firmado por Macri, García Santillán deberá hacerse cargo del complejo proceso de transferencia.

 

El control jurisdiccional del Gobierno nacional en materia de juegos de azar responde al “marco de la legislación dictada por el Honorable Congreso de la Nación con anterioridad al año 1994, que resultaba aplicable de manera exclusiva en la entonces Capital Federal y en aquellos territorios nacionales existentes al momento del dictado de dichas normas”.

 

Como argumento sólido para justificar el traspaso, la Nación menciona un fallo de la Corte Suprema de Justicia, posterior a la reforma constitucional, que estableció “de manera categórica que el régimen de juegos de azar y sus posibles infracciones, no trata de una cuestión de índole federal”.

 

Con esta medida, la Ciudad tendrá el control y la fiscalización del Casino Flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, propiedad del empresario patagónico Cristóbal LópezActualmente, es el Gobierno nacional quien administra, controla y concesiona los juegos de azar en el distrito (tragamonedas y bingos, que cerraron sus puertas hace un mes). Esa situación llevó al PRO -durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- a judicializar el tema desde hace años y a exigir los recursos pertinentes bajo la idea de la “autonomía porteña”.

 

Durante 2015, el macrismo comenzó a dar señales en torno a la decisión de avanzar hacia un proceso de transferencia del juego a la órbita porteña. Esos movimientos desataron una serie de chispazos entre el controlador nacional (manejado por el kirchnerismo) y el ente de la Ciudad, administrado por el PRO.

 

El año pasado no fue fácil para la relación entre el Instituto y Lotería Nacional. Acusaciones de ambas partes y licitaciones iniciadas sin consultar a la otra parte terminaron con el fin del convenio con el juego, que data desde 2003, y que el PRO y el Frente para la Victoria convalidaron en la Legislatura porteña en una sesión maratónica de diciembre de 2013.

 

Mediante un comunicado, el Gobierno porteño informó en mayo del año pasado que el cese de ese acuerdo suscripto por el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y el ex presidente Néstor Kirchner tenía como objetivos “no comprometer a la próxima administración” y “la necesidad de consolidar la autonomía porteña y recuperar para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de las potestades, competencias y recursos relacionados con el Juego”.

 

Además, durante ese mismo año, el Instituto de Juegos de Apuestas transitó otro problema que puso en jaque al PRO por un tiempo prolongado. Por problemas entre Nación y Ciudad, sumados a conflictos salariales denunciados por los trabajadores, los bingos porteños cerraron hasta que el organismo decidió estirar las licencias y se pudieron garantizar las fuentes laborales. La situación devino en un escrache a la ahora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y  en una toma del edificio de la dependencia porteña.

 

Ya en 2016, Lotería Nacional ordenó el cierre definitivo de las cincos salas que entraron en déficit desde hace tiempo por, entre otras cosas, no poder utilizar el sistema de tragamonedas, monopolio exclusivo de López. Los bingos porteños tenían las concesiones vencidas hace dos años y funcionaban a través de una medida judicial que perdió su vigencia a principios de mayo de este año.

 

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