Tal como lo había anunciado luego de la polémica suscitada a partir de lo revelado por Letra P, la gobernadora María Eugenia Vidal derogó los artículos del decreto sobre el régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios que contemplaban penas de prisión para periodistas que divulguen información sobre dichas presentaciones.
De esta forma, y mediante el decreto 661 publicado este viernes en el Boletín Oficial, se formalizó la derogación de los artículos 1°, 2° y 7º del decreto 647/16 que había introducido polémicas adecuaciones al decreto 116/16 que contempla la presentación de las declaraciones juradas.
Vale recordar que los artículos en cuestión estipulaban, entre otras cosas, que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
Asimismo, se imprimía el carácter de “reservado” a las declaraciones juradas integrales, determinación a partir de la cual la ciudadanía sólo podía acceder a estas presentaciones de forma sintética. Estas cuestiones finalmente han sido derogadas al argumentarse que “sin perjuicio de las modificaciones introducidas”, en este marco “se propicia la presente medida aclaratoria a fin de propender al fortalecimiento del régimen instituido”.