A contramano

Lo sacaría Macri, lo pone Vidal: cárcel para periodistas en la provincia

En un decreto que fija el carácter reservado de las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses, Vidal incluyó el artículo de la ley de blanqueo que generó una fuerte controversia nacional.

Mientras legisladores nacionales del oficialismo y –aunque con ambigüedad- el propio presidente Mauricio Macri intentan desactivar la controversia generada por un artículo del mega proyecto de blanqueo de capitales que establece penas de prisión para periodistas que divulguen información relacionada con las declaraciones alentadas por esa iniciativa, la gobernadora María Eugenia Vidal replica esa normativa en la provincia de Buenos Aires.

 

Lo hizo a través de una reforma –publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense- al decreto que establece la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

 

 

EL MISMO. El artículo 85 del proyecto original de blanqueo de capitales dice, textualmente, lo siguiente:

 

"Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (...) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal".

 

En tanto, el 5 bis del decreto de Vidal (el 647) establece, textualmente, lo siguiente:

 

“Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.

 

En ningún caso, los artículos refieren explícitamente a trabajadores de prensa, pero quedan incluidos en “los terceros” que son pasibles de sanciones.

 

Tanto el Gobierno nacional como el de Vidal copiaron y pegaron fragmentos de la ley de procedimiento tributario, que es una norma de la dictadura que está vigente pero era, a los efectos prácticos, letra muerta. Con estas nuevas iniciativas, el muerto cobra vida.

 

La ley 11683, de 1978, establece que “las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan” a la AFIP, “y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos” y que todos los “magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes” de esa entidad “están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos”.

 

El mismo texto prevé, justamente, que “los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos”.

 

CÓDIGO PENAL. Los artículos invocados por los proyectos cuestionados de Macri y Vidal son los siguientes:

 

Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

 

Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

 

Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:

 

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;

 

2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.

 

3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.

 

TODO BRINDIS ES UNA OPORTUNIDAD. En la dinámica de ensayo-error en la que se ha visto envuelto el Gobierno, el presidente Macri aprovechó el brindis por el Día del Periodista para abrir el camino a la reforma del artículo cuestionado. Aunque no fue una condena contundente a ese aspecto de su iniciativa, dijo que el proyecto de blanqueo "está en debate" en el Congreso y, así, dejó en manos del Parlamento la posibilidad de que sea reformado. Vidal tendrá este jueves una oportunidad similar: convocó para las 13 a un agasajo a la prensa en la Sociedad Rural, en el porteño barrio de Palermo.  

 

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