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Macri les prometió $500 M extra a las universidades, pero ahora les sacó $65 M

Es un recorte de transferencias dispuesto por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el marco de reasignación de partidas orientada a girar más fondos a los gobernadores.

El pasado 3 de mayo, el presidente Mauricio Macri anunció un refuerzo de 500 millones en el presupuesto de las universidades, asfixiadas por los aumentos de sus gastos corrientes a partir de los tarifazos en los servicios. Ese día, el jefe de Estado destacó “el rol de importancia que tiene la universidad pública en nuestro país” y remarcó “la necesidad de acompañarla”. Este martes, 21 días después de aquel anuncio, suspendió el envío de 65 millones de pesos que estaban destinados a las casas de altos estudios. Según se explica en los considerandos de la disposición que contiene esa medida, se trata de “gastos que se estiman no van a ser ejecutados”.

 

La decisión administrativa 510/2016 dispone, en total, el cese del giro de 878.877.000 del Tesoro Nacional que la Jefatura de Gabinete tenía para esos fines y que, además de a las universidades, afectará a instituciones culturales y de enseñanza, sociedades sin fines de lucro y empresas privadas. La medida, que lleva las rúbricas de Marcos Peña (jefe de Gabinete) y de Alfonso Prat Gay (ministro de Hacienda y Finanzas), advierte que ese monto fue transferido a las provincias para su “asistencia financiera” y “social”. No obstante, no se especifica qué provincias serán beneficiadas con ese recorte.

 

En concreto, las universidades nacionales no recibirán 65.664.000; las instituciones de enseñanza 97 millones; las instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro 88,7 millones; empresas privadas 7,5 millones y las instituciones provinciales y municipales 760,4 millones.

 

Esta medida confronta con una decisión tomada días atrás, que benefició a las universidades y que el propio Macri anunció tras reunirse con rectores. El tres de mayo el Gobierno comunicó que destinará $500 millones  para sacar a las altas casas de estudio de la asfixia financiera provocada por los tarifazos en los servicios públicos.

 

La “regulación de gastos” elaborada por el Ejecutivo este martes se basa en “una previsión exhaustiva de ejecución presupuestaria de determinadas partidas para el ejercicio 2016”, cuyo objeto es reducir “aquellos gastos que se estiman no van a ser ejecutados”.

 

Letra P reveló que ese anuncio escondía una “contradicción”. Esa situación fue denunciada por el rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien, además, aclaró que el Gobierno condicionó esa asistencia a la pauta de aumento salarial que surja de las paritarias de docentes y no docentes y, aunque consideró que el complemento anunciado por el jefe de Estado va “en el camino correcto”, advirtió que resulta “claramente insuficiente” y de “corto aliento” porque representa un aumento “de sólo el 3 por ciento” de la masa de recursos destinados a gastos operativos de las instituciones.

 

“Lo que hay es una fuerte subejecución de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, que son las que nos permiten pagar la luz, el gas, los viáticos y las becas de los estudiantes”, sostuvo el rector, y precisó: “En lo que va del año, hemos recibido sólo las cuotas de enero y febrero”.

 

Por su parte, la Universidad Nacional Arturo Jauretche denunció, a través de un comunicado oficial, una situación aún más delicada. Aseguró que “el envío de fondos destinados a gastos operativos” está directamente “suspendido desde diciembre de 2015”.

 

Como ese dinero no va a ser girado a las universidades, la gestión lo devolvió al Tesoro Nacional para reasignarlos al programa de asistencia financiera y al subprograma de asistencia social de las provincias, según indica la Disposición Administrativa.

 

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