A raíz de la tragedia en la fiesta electrónica “Time Warp”, donde fallecieron cinco jóvenes intoxicados por la ingesta de drogas sintéticas y se puso en duda la capacidad de control del Gobierno de la Ciudad, en la Legislatura porteña se reflotó un proyecto del 2014 que propone la creación de una aplicación móvil para denunciar irregularidades en boliches.
La iniciativa fue presentada nuevamente por la diputada kirchnerista y vicepresidenta segunda del Parlamento, María Rosa Muiños. El texto propone que, por medio de la aplicación, se pueda denunciar en tiempo real, y a través de teléfonos celulares, cualquier tipo de irregularidades que se observen en locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires.
“Con esta iniciativa, que ya habíamos presentado en 2014, de ninguna manera pretendemos minimizar la responsabilidad que tienen el Gobierno de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control por la dudosa supervisión realizada tanto en la fiesta 'Time Warp', como en otros locales, como Beara o Cromañón, en los cuales se constataron numerosos y persistentes incumplimientos”, aclaró la diputada peronista.
La legisladora indicó: “Buscamos que los jóvenes, y también los adultos, tengan acceso a un mecanismo ágil y en tiempo real para realizar reclamos o denuncias sobre irregularidades en locales bailables o en grandes eventos, como irrupción del suministro de agua, hacinamiento, irregularidades edilicias, de seguridad o de discriminación, entre otras”.
En este sentido, el proyecto impulsa “una herramienta para que puedan hacer reclamos o denuncias de cualquier índole de modo inmediato, dentro del servicio de reclamos informáticos 'BA 147' del Gobierno de la Ciudad, mediante el envío de fotografías, llamados y/o mensajes de texto”. Según se explica en el expediente, “esto podrá alertar a las fuerzas de seguridad, sobre conductas delictivas que podrían darse en fiestas o festejos con escasa luz y ruido excesivo”.
Una vez recibida la denuncia, el Gobierno porteño deberá informar a la autoridad competente para que intervenga. La actividad de los boliches se encuentra regulada en numerosas disposiciones normativas como el Código de Faltas de la Ciudad, el Código Contravencional de la Ciudad y el Código de Habilitaciones y Verificaciones.
“A pesar de que estos Códigos contemplan sanciones a la irrupción del suministro de agua fría potable, al ingreso de una cantidad de personas superior a la capacidad autorizada, a servicios de vigilancia que agreden a los concurrentes y a la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, las mismas no se aplican y los locales continúan funcionando sin ningún tipo de control”, concluyó la legisladora peronista.
Por la tragedia ocurrida el sábado en la madrugada, la Justicia ordenó la detención del organizador de la fiesta y presidente de Dell Producciones, Adrián Conci. Además, el fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria del prefecto Alberto Gabriel Pandiani; el jefe de servicio subprefecto, Adrián Álvarez; la cabo segunda Ivana Gómez; el encargado de seguridad interna, apodado “El Chino” –aún se desconoce su nombre-; de Ezequiel Venturino, de la empresa SISEG, responsable de la seguridad privada; de Carlos Garat, a cargo del plan de evacuación; de Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero; y de Maximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones, compañía que organizó la fiesta.
Además, el fiscal apuntó a funcionarios del gobierno porteño: solicitó la indagatoria de “los representantes de la Dirección de Fiscalización y Control del GCBA”, uno de ellos de apellido Fontanellas.