La Legislatura porteña manifestó, con amplio consenso, “su rechazo a cualquier actividad de transporte oneroso de personas que realice la empresa Uber BV o Uber Technoplogies Inc. o cualquier nombre afín, por la falta de adecuación a las normas legales existentes”.
El proyecto fue presentado por el diputado Claudio Palmeyro, del bloque Sindical Peronista y alineado con el titular del sindicato de taxistas, Omar Viviani, de buen diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El texto sancionado fue consensuado con otros bloques y recibió el apoyo de 50 legisladores y 5 abstenciones de la bancada Suma+, que anunció la futura presentación de un proyecto de ley sobre el tema.
Por ahora, tanto el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como el juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, consideran que el funcionamiento de Uber es ilegal porque, entre otras cosas, no se ajusta a la ley de remises ni a la de taxis.
Uber es una empresa fundada en 2009 en California (Estados Unidos) y expandida a otras naciones, que genera y organiza, a través de un software, sistemas de transporte privado poniendo en contacto a automovilistas particulares con eventuales pasajeros, utilizando para ese fin la tecnología de internet, las redes sociales y los teléfonos móviles.
Para Palmeyro, Uber “pretende funcionar pasando por arriba de los tres poderes” y actúa como si dijera “yo soy la nueva tecnología y entonces ni me voy a inscribir en la Afip, ni voy a pagar ningún impuesto ni voy a respetar la ley”.
“Hubo muchos años de lucha para lograr que la totalidad de los taxistas trabajen en blanco, tengan cobertura y cumplan con sus obligaciones, como lo hace hoy la totalidad de ese gremio”, recordó.
Por el lado de PRO, el legislador Daniel Presti sostuvo que “no cumple ninguna normativa vigente en la Ciudad y no encuadra en el Código de Tránsito y Transporte ni en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
“No podemos permitir de Uber ni de ninguna empresa que actúe sin habilitación y violando la ley”, evaluó Cristina García.
El jefe de bloque del Frente para la Victoria, Carlos Tomada, criticó “la desregulación laboral y el caso de Uber es el extremo y debe servir para ponernos en alerta”. “No tiene autorización para funcionar como prestataria del servicio del transporte ni quienes realizan los viajes y pretende competir sin pagar impuestos ni contribuciones sociales y ni siquiera está inscripta en la Afip. Es una empresa internacional con gran poder de lobby que se propone operar por afuera de la legislación argentina”, agregó.